Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

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  • Fondo estructural
  • ANTEPROYECTOS LEGISLATIVOS

    Fundamentación Proyecto Justicia de Proximidad

     
    FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA
    Instituto de Estudios Judiciales
     
     
     
    FUNDAMENTACIÓN LINEAMIENTOS PARA LA ORGANIZACIóN DE JUZGADOS DE PAZ LETRADO Y PAZ LEGO E INSTURMENTACIÓN JUSTICIA SIMPLIFICADA Y DE PROXIMIDAD
     

    La Federación Argentina de la Magistratura (FAM) se ha propuesto como política institucional para el corriente año, la presentación de diversos anteproyectos legislativos, tanto en el ámbito nacional como en el de las distintas jurisdicciones que la integran, con el objetivo de aportar herramientas concretas para acercar la justicia a la gente, descomprimir los distintos tribunales ordinarios y paliar la mora judicial. Entre esos proyectos se encuentra el de acercar pautas de implementación de sistemas procesales de justicia inmediata o de proximidad, que puedan ser adoptadas por las distintas provincias, conforme sus propias particularidades y sistemas legislativos locales.
    Los lineamientos que se elevan a consideración de esa Federación, se sustentan en diversos antecedentes, tanto del país, como del extranjero. Entre los primeros se cuenta las leyes de Juzgados de Paz de las Provincias de Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe; proyecto de ley de Pequeñas Causas presentado por el Colegio de Magistrados de Salta; el trabajo "Justicia Inmediata, Barrial o Vecinal para la Ciudad de Buenos Aires" elaborado por el Dr. Germán Garavano; proyectos de leyes presentados por ADELCO, entre otros; recomendaciones del Congreso del NEA para la implementación de sistema de pequeñas causas o juzgados de paz, etc.
    En lo que hace a los antecedentes extranjeros, se analizaron los sistemas que sobre el tema han implementado o proyectado países como España, Brasil, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Guatemala, Chile, Perú, entre otros.
    Con relación al proyecto de procedimiento de justicia de proximidad o inmediata, se ha buscado, tal como se propusiera la Mesa Ejecutiva de FAM, lograr un sistema procesal ágil, dinámico, expedito y flexible -cuando así lo permite la naturaleza de la cuestión- de modo de logar el acercamiento del servicio de justicia a sus destinatarios.
    Consecuentemente se propone la implementación de un procedimiento sumarísimo, sencillo, verbal y gratuito, para los casos civiles y comerciales de poco monto y/o de prueba de fácil o sencilla producción. En este sentido, se busca acotar las pruebas complejas como las periciales, de informes, etc., para los casos que fueran estrictamente necesarias.
    Es esencial a este procedimiento el comparendo personal del justiciable, y conforme los antecedentes tanto nacionales como extranjeros, el patrocinio letrado no es obligatorio, salvo las excepciones debidamente fundadas, cuando se pueda afectar las garantías constitucionales del derecho de defensa en juicio y debido proceso legal.
    Como acto procesal central, se prevé la citación de las partes a una audiencia preliminar, dentro del término breve de diez días, oportunidad en que el juez tratará de conciliar a las partes, o someter el caso a un mediador. Si se obtiene dicha conciliación se procede a homologarla. De no prosperar la conciliación, se deberá recibir las defensas que esgrima el demandado y fijar -en breve plazo- una segunda audiencia para recibir las pruebas, y dictar sentencia, en lo posible, de inmediato.
    La parte que recurre a la justicia debe hacerlo personalmente. La demanda puede presentarse verbalmente, con el llenado de formularios impresos al efecto. El personal del juzgado o tribunal debe suministrar asesoramiento sobre sus derechos y la forma de llenar dichos formularios, la presentación de las pruebas requeridas, etc.
    Las notificaciones pueden hacerse por correo o por otro medio fehaciente. De igual manera que con el actor, el personal deberá asesorar al demandado a fin de que pueda ejercer todos sus derechos, como contestar la demanda, allanarse, etc.
    Los proyectos no admiten planteos dilatorios como la recusación sin causa, incidencias, reconvenciones, etc. que prolongan los juicios ordinarios. Se admite la doble instancia, pero con efecto devolutivo.
    Como principios esenciales del procedimiento se busca, además de la informalidad, oralidad, sencillez en materia probatoria, gratuidad, priorizar la etapa conciliatoria, buscando que la resolución del conflicto no llegue a la instancia judicial propiamente dicha, sino que se resuelva por algún medio alternativo. Se trata de lograr jueces que persigan la paz social, buscando que la solución de los conflictos surja democráticamente, del propio acuerdo de las partes, que el juez actúe como tal, conduciendo el procedimiento y a la vez como mediador.
    En lo que hace al anteproyecto de la creación de los distintos órganos jurisdiccionales competentes para aplicar aquel procedimiento, se han tenido en cuenta, en sendos apartados, tres tipologías diferentes (Juzgado de Paz Letrado o de Proximidad, Tribunales Vecinales y Juzgado de Paz Lego) que pudieran responder a las distintas particularidades de cada región del país (zonas urbanas; sub-urbanas, ciudades densamente pobladas y zonas rurales) atendiendo a además a las necesidades, costumbres diversidad de conflictos en cada una de ellas.
    Se ha respetado la terminología utilizada en muchas leyes provinciales (Juez de Paz), sin perjuicio de que pueda nominarse a dichos juzgados como de proximidad, como lo hace la ley española, o de otro modo. La denominación de jueces de paz, responde a la tradición de nuestro interior profundo, y es la designación utilizada por muchas leyes locales. No desconocemos que esta nominación trae también algunas connotaciones históricas negativas -por la actuación de muchos jueces de paz de campaña decimonónicos y más recientes- cristalizada en la figura tipo del juez que inmortalizara el Martín Fierro, por lo que proponemos una designación más ajustada a la idea base del proyecto, como la de "jueces de proximidad".
    En todos los casos se propone la creación de unidades jurisdiccionales, distribuidas en distintas circunscripciones municipales de las provincias, las cuales contarían con escaso personal a cargo, un procedimiento informal, predominantemente oral y gratuito, pudiendo estar a cargo de los municipios la sede del juzgado o tribunal, así como la provisión de material, personal, etc.
    Para centros urbanos de mayor densidad poblacional, se sigue -en líneas muy generales- la idea que propone Garavano para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tribunales vecinales, que brinden una "justicia inmediata" con participación ciudadana, como una herramienta que permita dicha intervención, dándole protagonismo al vecino en la decisión judicial. Entiendo que esta idea-proyecto puede implementarse como un plan piloto, ante el convencimiento de que el sistema democrático con intervención ciudadana puede garantizar mejor la paz social, en la medida en que la propia ciudadanía participe activamente en la solución de los conflictos sociales que afectan sus vidas y de modo tal que las decisiones judiciales puedan ser percibidas no sólo como justas, sino legitimadas por la propia comunidad.
    Para su efectiva implementación, sería necesario el desarrollo de programas de capacitación de vecinos interesados en participar, al modo de la experiencia mendocina en el programa de "Extensionismo Jurídico Vecinal" para la formación de líderes en cada tema, a quienes se prepara en temáticas jurídicas, de política institucional, capacitación en métodos alternativos de resolución de conflictos, todos con contenidos relacionados con la atención y contención de personas con problemáticas específicas. El desarrollo del programa debería partir de la selección de los barrios o municipios donde se probaría la experiencia y la consiguiente capacitación de los líderes barriales, así como un trabajo inicial de divulgación a la población, seguido de de talleres orientados a la sensibilización política y a la elaboración de diagnósticos de conflictividad. Esta etapa puede estar a cargo de los municipios, de las escuelas de capacitación dependientes de los poderes judiciales o consejos de la magistratura, sin perjuicio de requerirse la colaboración de organizaciones no gubernamentales, expertas en el tema.
    La propuesta de creación de organismos jurisdiccionales, como los juzgados de paz letrado o juzgados de proximidad, pretende instaurar un eslabón más próximo a la gente que reclama el servicio de justicia, para resolver los problemas que hacen a sus relaciones más directas y de la vida cotidiana y que por ser de menor cuantía, no son de menor importancia. La creación de estos juzgados cumple un doble propósito, agilizar el servicio de justicia que los justiciables reclaman para los problemas que traen aparejados las relaciones vecinales, económicas, sociales, etc., de poco monto pero de gran conflictividad, a la vez que descomprimir la excesiva litigiosidad de los tribunales ordinarios.
    Por otra parte, y para las zonas más alejadas de los centros urbanos y de las regiones rurales, nada impide que coexistan los jueces de paz legos o de campaña-estructura que existe en muchas jurisdicciones y que permite llegar a zonas muchas veces olvidadas- pudiendo resolver los conflictos menores, vecinales, comunitarios, sociales, en los que no se encuentre comprometido el orden público, conforme las máximas de equidad, de modo que el justiciable tenga para sí que han sido escuchadas sus pretensiones y que se les ha dado una respuesta adecuada y oportuna. En estos supuestos, el juez lego valorará las pruebas según lo dicte la experiencia y el sentido común, lo cual exige también un programa de capacitación y seguimiento de los jueces de paz legos, similar al propuesto precedentemente para los jurados vecinales, formándoles y sensibilizándolos sobre la importancia de su función.
    En todos los casos proponemos que los juzgados o tribunales integren el Poder Judicial y dependan jerárquicamente de los superiores tribunales, pues de este modo se asegura su independencia e imparcialidad de los poderes políticos provinciales o municipales.
    La propuesta se complementa con la posibilidad de implementar juzgados móviles que permitan fortalecer verdaderamente el acceso a la justicia, acercando el servicio de justicia de paz móvil a las áreas pobres y marginadas y rurales, con cabeceras jurisdiccionales preestablecidas.
    En síntesis, lo que se pretende con esta propuesta, es nada mas que aportar algunos lineamientos que cada jurisdicción podrá adoptar o adaptar a sus modalidades y necesidades, en aras de modificar las estructuras necesarias que permitan dar una respuesta para que la tutela judicial que demandan los ciudadanos, seas efectiva y la prestación del servicio de justicia eficaz, como un modo de realización del bien común.

     

    María Rosa Caballero de Aguiar
    Directora del Instituto de Estudios de la
    FAM





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