Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

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Declaraciones

Nro. 3: Declaración de Ushuaia

La JUNTA DE GOBIERNO de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA, en reunión ordinaria celebrada en la Ciudad de Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días 14 y 15 de noviembre de 1997, luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de la convocatoria, y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán;


DECLARA:


  1. Que la independencia del Poder Judicial constituye un presupuesto indispensable de la República y una exigencia que encuentra su máxima concreción en la efectiva libertad de decisión de los jueces, que sólo están sujetos a la ley, de la cual son los intérpretes constitucionalmente legitimados. En las actuales circunstancias que vive nuestra República, se observa un proceso de deterioro de esa independencia que se hace imprescindible poner en evidencia. La situación es particularmente grave por acciones presentadas con apariencia de legitimación jurídica. Al respecto, es necesario destacar:

    1. Que la apertura de enjuiciamiento a magistrados por causa de resoluciones jurisdiccionales estimadas inconvenientes adquiere especial gravedad en los que el Estado es parte y aparece gestionado su exoneración, tal como ocurre en la Provincia de Santa Fe.

    2. Que, reiterando anteriores declaraciones, en el caso de sancionarse o promulgarse leyes que declaren la necesidad de reforma de constituciones provinciales, de ningún modo deberán incluirse puntos que comprometan la estabilidad de magistrados y funcionarios de sus Poderes Judiciales, puesto que de tal forma se afecta gravemente el valor seguridad jurídica y el principio de independencia respecto a los otros poderes del Estado.

    3. Que cabe ratificar, también, que la temporalidad del cargo judicial constituye un desconocimiento absoluto de la garantía constitucional de inamovilidad. En el caso de la Provincia de San Luis, se ha llegado incluso al dictado de una ley que ataca directamente tal garantía, al exigir revalidación periódica de la capacidad de los magistrados, en clara contradicción con normas constitucionales vigentes en dicha Provincia y en la Nación. La idoneidad de los jueces se manifiesta cotidianamente en sus sentencias, que sólo están sujetas al control de las partes y a la revisión por los órganos jurisdiccionales superiores en los casos en que la ley procesal lo faculta.

    4. Que, la pretensión manifestada por funcionarios del Gobierno de la provincia de Santa Fe de instaurar cupos preestablecidos de abogados en el ejercicio de la profesión para cubrir vacantes en la magistratura judicial, obstaculiza el objetivo que debe primar en toda designación, cual es la de escoger al candidato más idóneo entre todos los postulantes para el cargo. Es necesario reafirmar el principio de la mejor idoneidad y postular que los sistemas de selección afiancen dicho objetivo por encima de un mero interés corporativo.

    5. Que resulta indispensable que las Provincias que no cuenten con procedimientos adecuados de selección de magistrados y funcionarios judiciales, los implementen en forma inmediata a fin de garantizar, además de su idoneidad, su total independencia. Por lo tanto y con relación a la Provincia de Misiones, no puede avalarse la decisión de nombrar magistrados o funcionarios judiciales sin contar con tal procedimiento, máxime cuando existe un proyecto de ley de creación del Consejo de la Magistratura, consensuado con la Asociación de Magistrados y el Colegio de Abogados, y remitido por el Poder Ejecutivo con el compromiso de éste de no cubrir vacantes sin ajustarse a dicho mecanismo.

    6. Que en las causas iniciadas en el año 1985 por los magistrados y funcionarios de la Provincia del Chaco por diferencias remuneratorias, se alienta la expectativa de una pronta resolución de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y en las promovidas en el año 1991, corresponde exhortar al Tribunal Ad-hoc constituido en dicha Provincia, a una rápida decisión en las mismas.

    7. Que resulta preocupante la situación del Poder Judicial de Santiago del Estero, que percibe las remuneraciones más bajas del país, luego que sucesiva y reiteradamente se atacara la garantía de intangibilidad. Que por tal razón, se torna inexcusable exhortar al Poder Ejecutivo de dicho Estado Provincial, a recomponer las compensaciones de los magistrados y funcionarios en orden a respetar esta garantía consagrada en las Constituciones Nacional y Provinciales.


  2. Que también preocupan a nuestra Institución los superiores intereses de la República, por lo que se resolvió:
    Receptar la inquietud de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Santa Cruz sobre el litigio de los Hielos Continentales, y requerir a las autoridades políticas nacionales, el respeto irrestricto de las normas constitucionales nacionales y provinciales, como así también de los Tratados Internacionales vigentes, al momento de la toma de decisiones.
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