Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

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Declaraciones

Nro. 32: Declaración de Santa Fe

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Santa Fe los días 29 y 30 de marzo de 2006, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

DECLARA:

Es necesario destacar, una vez más, el axioma fundacional del sistema democrático: el inquebrantable resguardo de la independencia del Poder Judicial, como principio que no se negocia ni puede ser objeto de transacciones. Este postulado responde a la garantía del juez independiente, como un derecho fundamental de la persona humana, y no será realizable sin el respeto de las garantías constitucionales de inamovilidad de sus jueces e intangibilidad de sus remuneraciones.
El principio de inamovilidad de los jueces de todo el país, tiene una jerarquía constitucional de nivel superior porque es el pilar en que se sustenta la independencia de los Poderes Judiciales, por lo que, cualquier proyecto de alguna jurisdicción provincial, tendiente a retacearlo, vulnera la norma del Art. 5° de la Constitución Nacional. Consecuentemente esta Federación descalifica cualquier proyecto de reforma de las cartas provinciales que pretenda modificar esta garantía federal.

En cuanto al principio de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces lejos de ser soslayado por las provincias, debe ser amparado en las distintas jurisdicciones, asegurando una equivalencia entre las remuneraciones que perciben los jueces nacionales y las que le corresponden a las distintas provincias, como un medio de afianzar la justicia.

Es ineludible que todos los poderes del Estado confluyan en el respeto de aquellos principios, así como que fortalezcan la calidad de sus instituciones, a través del esclarecimiento de la trascendencia de estos postulados frente a la opinión pública.

En este orden de ideas, y atendiendo a las particularidades de algunas jurisdicciones, cabe destacar que en la provincia del Chubut se visualiza una preocupante pérdida de los indispensables canales de comunicación institucional. Tal situación causa inquietud a esta Federación desde que ello lejos de propiciar un posible mejoramiento a aquel déficit del funcionamiento que pudiere existir, inmoviliza e impide la consideración de las soluciones a emprender. Es imprescindible preservar la figura institucional del Poder Judicial en la comunidad siendo para ello imperioso invitar a los gobernantes a recrear un diálogo perdido.

Corresponde considerar la situación de la provincia de Catamarca y exhortar a su Poder Legislativo al tratamiento y aprobación de diversas leyes que hacen al mejor cumplimiento de la función judicial, en particular, la ley de reforma de los procedimientos tanto civiles como penales, la ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Fueros. En otro orden de cosas, esta Federación se pronuncia por la conveniencia del planteo formulado por la Asociación de Magistrados de Catamarca, en el sentido de requerir al Tribunal de Enjuiciamiento y al Consejo de la Magistratura provincial, el tratamiento y aprobación de la inclusión de dicha Asociación en el seno de aquellas instituciones a modo de “amici curiae”, lo que aportaría mas transparencia al sistema de designación y enjuiciamiento de los magistrados. En materia salarial, se observa con preocupación, que pese a las reiteradas exhortaciones antes formuladas, los sueldos de los jueces y funcionarios de aquella provincia siguen siendo ostensiblemente desproporcionados con los de otras jurisdicciones tanto nacional como provincial (últimos, con relación a las escalas de todo el país) por lo que esta Federación apoya el continuo reclamo por el mejoramiento salarial, que resulta atendible conforme el nuevo presupuesto aprobado para el Poder Judicial.

Con relación a la Provincia de Mendoza, cabe reiterar con marcada preocupación las declaraciones de San Carlos de Bariloche y Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitidas por esta Federación en fechas (05-1005) y (02-12-05) (02-12-05) y en consecuencia condenar severamente la situación que sigue afectando a sus jueces, en tanto y en cuanto se mantiene una irritante y discriminatoria diferencia remuneratoria entre magistrados que cumplen idéntica función en la misma jurisdicción y cuentan con una misma antigüedad, por voluntad unilateral del poder político y en violación de garantías de raigambre constitucional, lo que se ve agravado debido a que la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación sigue sin resolver el recurso de queja articulado por el Gobierno de Mendoza, pese los reiterados pedidos de “pronto despacho”, interpuesto por los magistrados mendocinos, por entender que el Alto Tribunal de la Nación ha excedido holgadamente el concepto de “plazo razonable”, incurriendo en denegación de justicia.
En cuanto a la destitución de la anterior titular de la vocalía de la Cámara Penal de la Provincia de Tucumán, Alicia Beatriz Freidenberg, esta Federación confía en que, en la instancia judicial, se garantice el debido proceso y su derecho de defensa en juicio.

Preocupa que en la Provincia de San Luis, no se trate con celeridad el proyecto de ley de Consejo de la Magistratura, que fue consensuado por el Superior Tribunal de justicia y los colegios de Magistrados y Abogados de dicha provincia. La actual ley provoca una dilación inconveniente para la cobertura de los cargos vacantes del Poder Judicial, lo que se agrava con las designaciones provisorias realizadas por el Superior Tribunal de Justicia, con la consiguiente precarización institucional y la incertidumbre laboral de las personas así designadas. Llama la atención el importante número de causas que se tramitan ante el Jurado de Enjuiciamiento de aquella provincia y la dilación en el tratamiento de muchas de ellas, reiterando el postulado de que no corresponde el enjuiciamiento de magistrados por el contenido de sus sentencias.

Teniendo en cuenta la situación de retraso salarial de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz frente a iguales niveles de la justicia nacional y de otras provincias, corresponde instar nuevamente al Tribunal Superior de Justicia de esa Provincia a adoptar políticas salariales propias tendientes a producir la equiparación progresiva, razonable y justa de los salarios de sus magistrados y funcionarios, cumpliendo tal requerimiento en el marco de la autarquía judicial y sujeto a las posibilidades presupuestarias.

La reforma constitucional neuquina ha desechado aquellos proyectos que preveían la participación de magistrados y funcionarios judiciales en el Consejo de la Magistratura. Es de esperar que la reglamentación legal de ese organismo prevea la colaboración de estos magistrados y funcionarios, por ser quienes están en óptimas condiciones de colaborar en la evaluación de los postulantes a incorporarse a la administración de Justicia. Es imperioso que se ponga en funcionamiento ese importante organismo para que la designación de magistrados y funcionarios se ajuste a las nuevas previsiones constitucionales. La FAM expresa su solidaridad con los términos con los cuales la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia del Neuquén se retiró del Consejo Asesor de la Magistratura, que fuera creado por el TSJ cuando tenía facultades de designación conforme el anterior texto constitucional.




Beatriz N. Renzi
Secretaria
Federación Argentina
de la Magistratura
Abel Fleming
Presidente
Federación Argentina
de la Magistratura


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