Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

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Declaraciones

Nro. 34: Declaración de Buenos Aires

La Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura, en reunión extraordinaria celebrada en la ciudad de Buenos Aires los días 23 y 24 de noviembre de 2006, con la asistencia de los representantes de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luís, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;


DECLARA:


Esta Federación observa con preocupación que ciertos proyectos de reformas constitucionales provinciales así como algunos de los ya cristalizados en determinadas jurisdicciones estaduales, tienden a una concentración de facultades en cabeza de las autoridades administrativas, en desmedro del equilibrio de poderes y en franco avasallamiento de la independencia de los poderes judiciales. Por ello exhorta a los poderes políticos a garantizar el respeto irrestricto del estado de derecho, al momento de tomar decisiones destinadas a la reestructuración fundacional del estado en cualesquiera de sus jurisdicciones, como único modo de fortalecer las instituciones.


A fin de garantizar la forma tripartita de gobierno y la independencia de los poderes judiciales de todo el país, la F.A.M. entiende que en la conformación de los Consejos de las Magistraturas los jueces deben estar representados de manera proporcional, debiendo ellos ejercer la presidencia de los mismos por su conocimiento y especialidad


Aquella inquietud se manifiesta en las particularidades que se presentan en algunas jurisdicciones, a saber:
En la provincia de Tierra del Fuego se registra un alto índice de magistrados y funcionarios sometidos a jury de enjuiciamiento, lo que implica un fuerte condicionamiento de la actividad jurisdiccional, por lo que esta Federación exige se aceleren estos procesos, destaca su carácter excepcional y se pronuncia por postular la necesidad del rechazo in limine de las denuncias en contra de los magistrados, cuando se sustenten solamente en el contenido de sus decisiones.


Con relación a la provincia de Chaco se ve con profunda preocupación la creciente pérdida de independencia del Poder Judicial respecto del Poder Político, que se traduce en un quebranto de la calidad institucional o actitudes claudicantes en el Consejo de la Magistratura, evidenciándose ello en la designación de jueces y amenazas de jury a magistrados independientes, por el contenido de sus sentencias.


Analizada la situación de San Luís se exhorta al Superior Tribunal de Justicia de esa provincia a defender férreamente la independencia del Poder Judicial y de sus atribuciones constitucionales y legales, repeliendo todo avasallamiento de sus potestades. Se insta también a sostener el perfeccionamiento de la ley reglamentaria del Consejo de la Magistratura consensuada con los Colegios de Abogados y de Magistrados de la Provincia, de modo de lograr la cobertura de cargos en forma definitiva.
En la Provincia del Neuquén se agrava la situación del Poder Judicial, tanto por razones externas como internas, llegándose a una situación normativa insostenible desde el punto de vista constitucional. La sanción de la ley 2533, reglamentaria del Consejo de la Magistratura, lejos de mejorar, vía legal, el futuro funcionamiento de dicha institución, profundiza y hace más evidente la inconstitucionalidad del texto de la Constitución local a la luz de lo normado por los arts. 5 y 114 de la Carta Magna Nacional. Ello por la decisiva a preponderancia del sector político en la integración del Consejo (representado por cuatro miembros sobre siete), en nada menguada por la sola intervención de un único miembro del Tribunal Superior de Justicia, para nada menos que la evaluación de los antecedentes de los concursantes para ingresar a la magistratura o a algún Ministerio Público. La participación de un solo representante del Poder Judicial en el Jurado de dos miembros, responsable de la evaluación técnica de los postulantes a ser designados en la magistratura, no garantiza el citado equilibrio prescripto en el art. 114 citado. Por su parte, el art. 28 de la ley sancionada, al someter al conjunto de magistrados y funcionarios judiciales a una evaluación periódica de idoneidad, con un plazo máximo de cuatro años, socava gravemente su estabilidad y, por ende, la garantía de independencia del Poder Judicial. Por otra parte, resulta alarmante que en lo interno del Poder Judicial de esa Provincia, se continúe con la metodología de separar de sus cargos a funcionarios judiciales infundadamente, y sin seguir los procedimientos correspondientes, como ha sucedido últimamente con la titular de la Auditoria General. Por todo ello la F.A.M. se hace el deber de plantear formalmente la inconstitucionalidad que corresponde.


La F.A.M. también evalúa con preocupación la actual situación por la que atraviesa el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, en especial en lo atinente a la destitución de un Juez del fuero de Familia por parte del Consejo de la Magistratura, lo que trae aparejada incertidumbre y desazón en los Magistrados y Funcionarios de dicha Provincia. Se considera desproporcionada la sanción con la falta reprochada, tendiendo especialmente en cuenta la excelente carrera judicial del mencionado Magistrado y el contexto límite en que a veces se producen los procedimientos de este fuero.


Esta Federación reitera su preocupación por la situación de la provincia de Mendoza, en la cual subsisten las diferencias salariales entre jueces que ocupan igual cargo con idéntica antigüedad y por la injerencia del poder político sobre el judicial, que se refleja en los juicios y sucesivos amparos interpuestos por los jueces que son recurridos en forma sistemática, posponiéndose la resolución definitiva del conflicto.


En Tucumán se observa con inquietud la implementación de un Tribunal de Apelaciones en el fuero contencioso-administrativo por ley 7790, sancionada luego de la reforma constitucional con la consecuente promoción de diversas causas. Esta medida significa la creación de una nueva instancia por sobre los tribunales de instancia única actualmente, con competencia en dicho fuero, los que pasarían así a constituir juzgados colegiados de primera instancia, situación sin precedentes y que en la práctica trae aparejado un extenso proceso que afecta el servicio de justicia.


Con relación a la provincia de Entre Ríos, esta Federación apoyó y avaló oportunamente las impugnaciones a un candidato a ocupar el cargo de Vocal del Superior Tribunal de Justicia, que formulara la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de esa provincia, pese a lo cual se lo designó en el cargo. Ante ello la F.A.M. ratifica tales cuestionamientos. Por otra parte esta Federación manifiesta su enérgico repudio a las amenazas sufridas por la Jueza de Instrucción doctora Marcela Badano y la Fiscal Elisa Zilly, en razón de sus actividades jurisdiccionales.


Respecto de la situación salarial se ve con preocupación el atraso remunerativo que se presenta en los poderes judiciales de muchas provincias, como San Luís, Buenos Aires, Chaco, Jujuy y Salta, con relación tanto a otros poderes judiciales provinciales como respecto de la Justicia Nacional. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires se advierte esa postergación salarial respecto, incluso, de los integrantes de otros poderes públicos, y en particular de los funcionarios de la Administración Pública Provincial, quienes han visto incrementados sus ingresos en los últimos cuatro años, período en el cual, precisamente se acusa notoriamente el retraso de ingresos de los integrantes del Poder Judicial. Por ello esta Asamblea se pronuncia por el respeto en todas las jurisdicciones del principio de intangibilidad de las remuneraciones de sus jueces y funcionarios judiciales, teniendo en cuenta los fundamentos que sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Chiara Díaz Carlos c/ Estado Provincial de Entre Ríos, para la equiparación salarial en todo el país, conforme una media nacional y lograr la equiparación del secretariado respecto del resto del país.












 


Beatriz N. Renzi
Secretaria
Federación Argentina
de la Magistratura

Abel Fleming
Presidente
Federación Argentina
de la Magistratura

 

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