Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial

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Instituto de
Estudios Judiciales



Doctrina y Jurisprudencia



Texto:

Fuero:

Tipo:




REFERENCIAS
Recurso extraordinario interpuesto por Carlos Alberto Chiara Díaz y otros, actores en autos, representados por los Dres. Rosario M. Romero y Raúl Enrique Barrandeguy, en su carácter de apoderados

Traslado contestado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Entre Ríos, demandada en autos, representada por el Dr. Víctor Hugo Berta

Tribunal de origen: Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado de Amparo y Ejecución de Sentencia de Amparo de Feria N° 2 de Paraná




Sueldo Anual Complementario

C. 1051. XL. Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado provincial s/ ac-ción de ejecución.


Suprema Corte:

I

A fs. 256/290, el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos al resolver la apelación concedida con efecto de-volutivo al Fiscal de Estado provincial confirmó, parcialmente, el fallo de la Instancia anterior (fs. 23/25), en cuanto hizo lugar a la ejecución impetrada y ordenó librar mandamiento para el pago de los haberes correspondientes a diciembre de 2002 y al cincuenta por ciento del sueldo anual complementario, mien-tras la revocó, en tanto ajustó dichos emolumentos según lo previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654.
Con relación al punto que confirmó, sostuvo que el Estado pro-vincial había postergado reiterada y manifiestamente el pago de una obligación legal, de naturaleza alimentaria.
Respecto a la actualización, aseveró que los mecanismos ten-dientes a aplicarla sobre los haberes de los miembros del Poder Judicial de la Provincia, se encontraban suspendidos por la ley 25.561, de emergencia pública, dictada por el Congreso de la Nación en ejercicio de atribuciones que le son propias y que debía prevalecer sobre la legislación provincial que se le opu-siese.
Además, adujo que un debilitamiento en el valor intrínseco de las remuneraciones judiciales, no basta para en momentos de pe-nuria general acordar preferencia a un régimen que, con respec-to a los restantes sectores, importe establecer un trato des-igual, cuando debe privar la participación de todos en la nece-sidad común.

II

Disconforme, la actora interpuso el recurso extraordinario de fs. 301/313, que concedido a fs. 392/394 trae el asunto a cono-cimiento de V.E.

III
Ante todo, cabe recordar que V.E. ha señalado, en forma reite-rada, que sus sentencias deben ajustarse a las circunstancias existentes en el momento en que se dictan (doctrina de Fallos: 311:787; 322:678 y 324:3948) y, además, ha sostenido que lo de-mandado carece de objeto actual cuando las nuevas condiciones tornan inútil la resolución pendiente y la transforman en in-oficiosa.
Esto es lo que acontece en el sub lite, toda vez que el objeti-vo perseguido mediante la acción entablada fue alcanzado cuando el Poder Ejecutivo de la Provincia de Entre Ríos dictó el de-creto Nº 15/04 GOB (B.O. provincial del 5 de enero de 2004), en el que dispuso: "Art. 1º. Decláranse de legítimo abono e incor-poradas al patrimonio de los actores, todas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instancia recaí-das en las acciones de amparo enumeradas en el Anexo I del pre-sente. Art. 2º. Instrúyese al Sr. Fiscal para desistir de los recursos deducidos en las actuaciones referidas en el artículo anterior y allanarse a las recurridas por la parte actora. Art. 3º. Dispónese la liquidación a los actores en los juicios pla-nillados en el Anexo I del presente de los haberes correspon-dientes al mes de diciembre de 2003 y al SAC 2º semestre de 2003, en base a los valores resultantes de la aplicación de las Leyes 8069 y 8654. Art. 4º. El presente decreto tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial...". (énfasis agregado)
Así las cosas, más allá de las afirmaciones del Fiscal de Esta-do al ser requerido a expedirse por el Superior Tribunal de la Provincia "...a efectos de evitar mayores dispendios jurisdic-cionales..." (confr. fs. 390), tengo para mí que, en autos, se ha producido un allanamiento expreso obsérvese, en tal sentido que, entre las causas enumeradas en el Anexo I del decreto ci-tado supra, esta la presente "9432 Chiara Díaz (2), Carlos Al-berto c/ Est. Prov. S/ Acción de Ejecución" (fs. 3, primera co-lumna, B.O. provincial del lunes 5 de enero de 2004) razón por la cual resulta inoficioso que V.E. se pronuncie sobre el fondo de la cuestión discutida.
No obstante ello, toda vez que de así resolverse quedaría firme una parte de la sentencia que no se compadece con el allana-miento aludido, entiendo que es aplicable al caso lo declarado por V.E. en torno a que "Median aquí, en efecto, circunstancias que imponen aplicar el criterio con arreglo al cual, aun cuando no exista interés de las partes que sustente la intervención del Tribunal para resolver las cuestiones litigiosas, éste con-serva la jurisdicción necesaria para evitar que la subsistencia del pronunciamiento apelado cause al recurrente un gravamen no justificado por la manera en que haya quedado limitada la rela-ción procesal."; especiales circunstancias que "...si bien no quedaba materia de controversia...llevaron a la Corte a revocar la sentencia recurrida aunque no fuese oficioso pronunciarse sobre el acierto de ésta..."; para lo cual V.E. tuvo en consi-deración, además, que "...el Tribunal debe proveer, en el marco de las atribuciones conferidas por el art. 16, segunda parte, de la ley 48, a la ordenada terminación del proceso." (doctrina de Fallos: 307:2061, entre otros).
Por tanto, en mi opinión, corresponde que V.E. declare inofi-cioso el pronunciamiento del Tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario de fs. 301/313, sin perjuicio de revocar parcialmente la sentencia apelada, en cuanto no hizo lugar al ajuste de haberes conforme con lo dis-puesto en las leyes provinciales Nº 8069 y 8654.
Buenos Aires, 25 de octubre de 2004
ES COPIA RICARDO O. BAUSSET




Buenos Aires, 7 de marzo de 2006.
Vistos los autos: "Chiara Díaz, Carlos Alberto c/ Estado pro-vincial s/ acción de ejecución".
Considerando:
1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de En-tre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida a tenor del art. 25 y ss. de la ley 8369 por tres magistrados provinciales el 7 de enero de 2003. En consecuencia, mantuvo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar las remuneraciones de los acto-res correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero efectivo y sin las postergacio-nes introducidas en los decretos de emergencia cuestionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medi-da en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexa-ción de las remuneraciones de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654, que prevén la aplicación del índice de pre-cios al consumidor, en su nivel general. Contra esta decisión, los demandantes interpusieron el recurso extraordinario conce-dido a fs. 392/ 394.
2°) Que, como fundamento, la Corte local descartó, en primer lugar, lo alegado por los interesados en el sentido de que la cuestión debatida se había tornado abstracta. Los actores sos-tuvieron dicha afirmación señalando que, en ejercicio de sus facultades de superintendencia, el Superior Tribunal había ce-lebrado el Acuerdo General de Ministros N° 22/03 del 8 de julio de 2003 (cuya copia está agregada a fs. 217/219) en el cual había reconocido que los magistrados provinciales tenían dere-cho al pago de los haberes reclamados, actualizados de confor-midad con el régimen de las leyes citadas, y había autorizado el pago de las diferencias correspondientes, declarando legíti-mamente abonadas las remuneraciones pagadas por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias dictadas en los múltiples procesos de ejecución y de amparo promovidos por los magistrados provinciales incluidos los demandantes.
Sobre el particular, uno de los conjueces señaló que dicho acuerdo general carecía de valor porque había sido firmado por los mismos magistrados del Tribunal Superior que habían inter-puesto la demanda que dio origen a este pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (confr. fs. 278 vta.). Por otra parte, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuírles el efecto pretendido por los demandantes.
Con relación al fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez porque desconoce la prohibición general de utilizar mecanismos de actualización monetaria esta-blecida en las leyes federales 23.928 y 25.561. En tal sentido expresó que la garantía de la inamovilidad de los sueldos de los jueces consagrada en el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos no comporta un privilegio que ponga a los magistrados locales a salvo de cualquier hipótesis de re-ducción del poder adquisitivo de sus haberes, tal como lo deci-dió esta Corte en el caso de Fallos: 324:3219. Dijo además que la doctrina de Fallos: 307:2174, que inspiró la sanción de los regímenes de actualización periódica de las remuneraciones de los jueces previstos en las leyes provinciales 8069 y 8654, re-sultaba inaplicable al caso pues el contexto de la realidad económica actual difiere radicalmente del imperante al tiempo del dictado de ese precedente. Sobre el particular, aclaró que en el marco de una economía cuyos precios y salarios se hallan sujetos a cláusulas de actualización monetaria la omisión de indexar de modo suficiente la remuneración de los jueces equi-vale a disminuirla respecto de las restantes. A lo que agregó que, inversamente, en el marco de una economía en la que tales cláusulas se hallan expresamente prohibidas con el propósito de prevenir el retorno de altas tasas de inflación, dicha omisión no significa otra cosa que el riguroso cumplimiento de un impe-rativo legal al que, por lo demás, se halla sujeta la generali-dad de la población y respecto del que la cláusula contenida en el art. 156 de la Constitución provincial no eximía a los jue-ces locales (confr. fs. 274 vta./ 276).
4°) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (confr. fs. 388 y 399). Fundaron esa petición en que, me-diante el decreto provincial 15 de 2004, posterior al fallo re-currido, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deduci-das con motivo en los mismos hechos que dieron lugar a la pre-sente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. Al mismo tiempo, el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa pro-vincia a desistir de todos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones planteadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.
A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia del decreto referido y reiteraron al Tribunal su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.
5°) Que el texto del decreto 15 de 2004 evidencia que, contra-riamente a lo alegado por los recurrentes, dicho acto no signi-ficó un reconocimiento de los derechos invocados en la demanda. Además, tal como resulta de la presentación de fs. 390/390 vta., el fiscal de Estado tampoco desistió de recurso alguno ni se allanó a los términos del recurso extraordinario federal in-terpuesto por los actores.
En efecto, en el texto del decreto provincial citado se pres-cribe que, a fin de evitar los mayores costos y costas que eventualmente podía haber traído aparejado un pronunciamiento final de tenor similar al dictado por esta Corte (en su ante-rior composición) en Fallos: 315:2386, tornaba conveniente de-clarar legítimamente abonadas todas las sumas pagadas por la provincia en virtud de las sentencias condenatorias dictadas contra la provincia en los respectivos procesos de ejecución promovidos por los jueces locales. Asimismo, en el decreto se declaró que tales cantidades de dinero quedarían incorporadas al patrimonio de cada uno de los demandantes. Simultáneamente, se autorizó al fiscal de Estado a desistir de los recursos pen-dientes y allanarse a las pretensiones de los demandantes.
No es posible extraer de tales manifestaciones de voluntad de las autoridades provinciales el pretendido reconocimiento del derecho de los actores a percibir la actualización monetaria reclamada por ellos en los términos de las leyes 8069 y 8654. Ello es así pues una cosa es declarar que las cantidades recla-madas y percibidas por los demandantes han quedado incorporadas a sus patrimonios (lo cual equivale, de facto, a una recomposi-ción salarial), y otra muy distinta es admitir la validez del régimen de actualización monetaria periódica y automática de las remuneraciones de los jueces previsto en las leyes cuya va-lidez fue controvertida.
Respecto de este último punto, cabe advertir que al contestar el recurso extraordinario federal el fiscal de Estado sostuvo que la denominada garantía de la "intangibilidad" de los suel-dos judiciales no constituye un privilegio e invocó el prece-dente de Fallos: 324:3219; todo ello en línea con lo manifesta-do al contestar la demanda citando la doctrina del caso Atkins, en el que la Court of Claims —en decisión confirmada por la Su-prema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, confr. 214 Ct. Cl. 186 y 434 U.S. 1009— destacó que el Congreso contaba con atribuciones suficientes para disponer la actualización de los sueldos de los jueces o para negarse a hacerlo, según su sana discreción y siempre que la ausencia de actualización no resultara de la intención de discriminar contra ellos.
6°) Que, por lo precedentemente expuesto y, tal como se ha di-cho, los pagos efectuados por la provincia al amparo del decre-to 15 de 2004 no significaron, entonces, un reconocimiento tá-cito del derecho de los demandantes a la actualización moneta-ria. Por otra parte, la conducta posterior del representante de la provincia en juicio tampoco implicó aceptar la pretensión de los actores respecto de la aplicación de las leyes 8069 y 8654 (confr., mutatis mutandi, causa "Masciotta, José y otros" —Fallos: 327:2932—). Por lo demás, no es exacto que la cuestión relativa a la procedencia de actualizar las remuneraciones ju-diciales conforme al régimen de las leyes 8069 y 8654 se haya tornado abstracta, ya que no se disipado el interés de las par-tes en obtener una declaración de certeza respecto de la exis-tencia o inexistencia de los derechos respectivamente invoca-dos.
7°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, to-da vez que en la especie cabe hacer excepción a la regla según la cual el remedio federal es improcedente si no media resolu-ción contraria al derecho federal invocado (Fallos: 310:959, voto del juez Petracchi). Ello es así porque, al agraviarse de lo resuelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el régimen de actualización de las remuneraciones judiciales establecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la independencia de los jueces" y constituye parte fundamental del principio de separación de los poderes, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5° y 123 de la Constitución Nacional. En consecuen-cia, el asunto controvertido está íntimamente vinculado con la interpretación de las cláusulas de la Constitución federal re-ferentes al modo en que se deben estructurar los tres poderes en los estados de la confederación argentina.
8°) Que la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 de la federal respecto de los jueces nacionales, tienen por objeto garantizar la independen-cia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. En ausencia de ella, no hay Estado republicano. La cláusula constitucional examinada constituye un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces, pero no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cualquier circunstancia que redunde en una pér-dida del poder adquisitivo de sus haberes. La finalidad de di-cha cláusula constitucional es prevenir ataques financieros de los otros poderes sobre la independencia del judicial, pero no protege a la compensación de los jueces de las disminuciones que indirectamente pudieran proceder de circunstancias como la inflación u otras derivadas de la situación económica general, en tanto no signifiquen un asalto a la independencia de la jus-ticia por ser generales e indiscriminadamente toleradas por el público (C. Clyde Atkins vs. The United States; 214 Ct. Cl. 186; cert. denied 434 U.S. 1009). Como se dijo al respecto, la cláusula referida no establece una prohibición absoluta sobre toda la legislación que concebiblemente pueda tener un efecto adverso sobre la remuneración de los jueces, pues la Constitu-ción delegó en el Congreso la discreción de fijarlas y por ne-cesidad puso fe en la integridad y sano juicio de los represen-tantes electos para incrementarlas cuando las cambiantes cir-cunstancias lo demanden (United States vs. Will, 449 U.S. 200, —Year 2—).
9°) Que de los principios expuestos se deduce sin esfuerzo que el Superior Tribunal, al interpretar que el art. 156 de la Constitución provincial es plenamente compatible con la prohi-bición general de aplicar mecanismos de actualización automáti-ca prevista en las leyes 23.928 y 25.561, no ha violentado la independencia de la justicia local ni ha desconocido el mandato de organizarse bajo los principios de un Estado republicano. Antes bien, le ha otorgado a la garantía constitucional referi-da su justo alcance al aclarar que ella no instituye un privi-legio en favor de los magistrados que los ponga a salvo de cualquier viento que sople.
10) Que, sobre el particular, es menester destacar que es exac-to lo sostenido en el pronunciamiento recurrido con respecto a que en el contexto de una economía "indexada", en la que la ge-neralidad de los precios y salarios se actualiza periódicamente de manera automática, la omisión de reajustar las remuneracio-nes de los jueces equivale en la práctica a disminuirlas. De la misma manera, actualizar únicamente los haberes judiciales, ex-ceptuándolos de la prohibición general vigente en la materia, equivaldría no a mantenerlas sino a incrementarlas respecto de las retribuciones que perciben los restantes asalariados. Al mismo tiempo, significaría traicionar el objetivo antiinflacio-nario que se proponen alcanzar las leyes federales mencionadas mediante la prohibición genérica de la "indexación", medida de política económica cuyo acierto no compete a la esta Corte eva-luar.
11) Que, en efecto, la prohibición de indexar impuesta en las leyes federales aludidas procura evitar que el alza de los pre-cios relativos correspondientes a cada uno de los sectores de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el índice ge-neral utilizado al mismo tiempo como referencia para reajustar los precios y salarios de cada uno de los demás sectores, con-tribuya de manera inercial a acelerar las alzas generalizadas de precios. Por tal motivo, la recomposición de la pérdida del valor adquisitivo ha de darse sector por sector y caso por ca-so. Como se dijo, la ventaja, acierto o desacierto de dicha me-dida legislativa escapa al control de constitucionalidad pues la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial, salvo que sea arbitrario o irrazo-nable, extremo no alegado ni demostrado en el caso (Fallos: 224:810; 300:642 y 700; 306:655, entre muchos otros).
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se decla-ra admisible el recurso extraordinario y se confirma
//


// la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportuna-mente, remítanse los autos. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (según su voto) CARLOS S. FAYT (en disi-dencia) JUAN CARLOS MAQUEDA E. RAUL ZAFFARONI (según su voto) RICARDO LUIS LORENZETTI (según su voto) CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia).
ES COPIA




VOTO DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON E. RAUL ZAFFARONI Y DON RICARDO LUIS LORENZETTI
Considerando:
1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de En-tre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 de la ley 8369 por tres magistra-dos provinciales el 7 de enero de 2003. En consecuencia, mantu-vo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remunera-ciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero en efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cues-tionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexación de las remuneraciones de los magistrados contem-plado en las leyes 8069 y 8654, que prevén la aplicación del índice de precios al consumidor, en su nivel general. Contra esta decisión los demandantes interpusieron recurso extraordi-nario que fue concedido (fs. 392/394).
2°) Que para así decidir, el Superior Tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta. En este sentido, señaló que el Acuerdo General de Ministros n° 22/03 celebrado por ese tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219) —en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores— carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados de dicho tribunal que habían interpuesto la demanda que dio origen al pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.) Asimis-mo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pagos efectuados por la provincia en cumplimiento de las sentencias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los demandan-tes. Respecto del fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibi-ción general de utilizar procedimientos de actualización mone-taria periódica y automática contenida en las leyes federales 23.928 y 25.561.
3°) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal local que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (conf. fs. 388 y 399). Fundaron esta petición en que mediante el decreto provincial 15 de 2004, posterior al fallo recurrido, el gobernador de la Provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deduci-das con motivo de los mismos hechos que dieron lugar a la pre-sente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. A su vez, en dicho decreto —complementado por el 799/04— el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa provincia a desistir de to-dos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones plan-teadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.
A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia de los decre-tos referidos y reiteraron su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.
4°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, to-da vez que al agraviarse de lo resuelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el régimen de actualización de las remuneraciones judiciales establecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la independencia de los jueces" y consti-tuye parte fundamental del principio de separación de los pode-res, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5° y 123 de la Constitu-ción Nacional. En consecuencia, el asunto controvertido está directamente conectado con la interpretación de cláusulas de la Carta Magna referentes al modo en que se deben estructurar los tres poderes en las provincias que integran nuestro estado fe-deral.
5°) Que existe interés jurídico en el dictado de una sentencia en esta causa.
Para decidir este aspecto corresponde distinguir el allanamien-to, que produce efectos procesales, del reconocimiento obliga-cional, que incide sobre la relación jurídica que motiva el pleito. Respecto del primero, la demandada no ha presentado ningún escrito de allanamiento e incluso ha impulsado la conti-nuación de este pleito, de modo que no puede admitirse el argu-mento de los actores en cuanto a la extinción del proceso. En relación con la pretensión sustancial, si bien se ha entregado una suma de dinero a los acreedores con fundamento legal en los decretos mencionados, no se ha configurado un pago con todos los elementos típicos y aptos para tener el efecto de reconoci-miento de la obligación (art. 718 del Código Civil), ya que no se admitió la causa. En el presente caso, se producen los efec-tos liberatorios, confirmatorios y extintivos por ausencia de reserva por parte del acreedor sin derecho a restitución alguna en los términos de los arts. 784 y cc. del Código Civil, pero no los del reconocimiento por falta de admisión del estado ple-no de obligado, respecto de la causa. Por otra parte, encon-trándose en discusión la extensión de la garantía de intangibi-lidad referida, el interés del caso no es sólo personal, sino funcional e institucional, existiendo obligación de pronunciar-se al respecto.
6°) Que la intangibilidad de los sueldos de los jueces, previs-ta en el art. 110 de la Constitución Nacional, es una garantía institucional.
Esta Corte ha dicho, reiteradamente, que su respeto es funda-mental para la independencia del Poder Judicial y para la forma republicana de gobierno. Por ello es que esa norma no consagra un privilegio ni un beneficio exclusivo de carácter personal o patrimonial de los magistrados, sino el resguardo del equili-brio tripartito de los poderes del Estado (Fallos: 176:73; 247:495; 254:184; 307:2174; 308:1932, 313: 344; 314:760 y 881 y 322:752). También ha señalado el Tribunal que la intangibilidad de los sueldos es un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republica-no de gobierno (Fallos: 176:73; 313:1371; 314:760 y 881 y 315:2386, entre otros), y que la referida intangibilidad es ga-rantía de la independencia del Poder Judicial, de forma que ca-be considerarla, conjuntamente con la inamovilidad, como garan-tía de funcionamiento de un poder del Estado (Fallos: 307:2174; 308:1059, 1932; 313:344, 314:881; 315:2386; 316:2379 y 319:1352).
7°) Que la garantía de intangibilidad de las compensaciones que reciben los jueces, en su aspecto institucional, es una carac-terística constitucional del estado de derecho que trasciende las decisiones que pudiera adoptar una mayoría circunstancial.
Los padres de la Constitución pensaron que los jueces eran el último baluarte en la defensa de los derechos del ciudadano co-mún y que debían ser independientes de toda influencia que otros poderes políticos o económicos pudieran ejercer sobre ellos. La historia les había enseñado que siempre habría quien cedería a la tentación de modificar esas reglas y por ello re-dactaron una norma que no puede ser derogada por mayorías tran-sitorias. La intención fue legar un verdadero estado de derecho para las generaciones que los sucederían. Por ello es que la grandeza de estos propósitos no puede ser reducida mediante una interpretación que presente a estos reclamos como un conflicto salarial o un privilegio de unos pocos, intolerable para el re-sto de los ciudadanos.
Quienes han sido encomendados por el pueblo para ocuparse tran-sitoriamente de los asuntos de la administración del Estado, deben realizar una lectura madura y razonable de esta disposi-ción constitucional que obliga a los demás poderes a proteger las instituciones, con toda la utilidad que ello trae para la totalidad de los ciudadanos que habitan este país y las genera-ciones futuras.
Lo afirmado precedentemente no significa que los derechos sub-jetivos basados en la citada norma deban ser ejercidos de modo irrazonable, ya que todo derecho tiene su límite. En este sen-tido esta Corte ha fijado esa frontera en el valor de la soli-daridad, ya que ha afirmado, reiteradamente, que los jueces de-ben ser solidarios con el resto de la población (Fallos: 308:1932; 313:1371 y 314:760) y que la intangibilidad no puede ser interpretada de modo absoluto, de manera que termine consa-grando un privilegio.
8°) Que el art. 110 de la Constitución Nacional, al señalar que la compensación que reciben los jueces "no podrá ser disminuida en manera alguna", utiliza un concepto jurídico indeterminado y es tarea del intérprete adaptarlo a las circunstancias de tiem-po y lugar.
En épocas de aguda inflación y de proliferación de cláusulas indexatorias, esta Corte identificó la intangibilidad con la utilización de cláusulas de actualización monetaria (Fallos: 307:2174).
Posteriormente, en tiempos en los que el Honorable Congreso de la Nación prohibió tales cláusulas de manera general, el Tribu-nal consideró que los sueldos judiciales no podían ser indexa-dos, y destacó que "la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposi-ciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo con el contenido de las de-más; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos: 296:432). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las normas constitu-cionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto. Con estas pautas, no es válido asignar —como lo hizo la Corte local— a la garantía que consa-gra la intangibilidad de las remuneraciones de los magistrados, una extensión tal que desconozca las facultades que el art. 75 inc. 11 de la Ley Fundamental confiere al Congreso de la Nación para 'hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranje-ras' (...) en este orden de ideas, la ley 23.928 constituye una decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejer-cer las funciones que le encomienda el art. 75 inc. 11, ya re-ferido. Ante tal acto legislativo no sólo han quedado derogadas disposiciones legales sino que además deben ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por de-preciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación" (Fallos: 324:3219).
En consecuencia, resulta claro que, subsistiendo una prohibi-ción de utilizar cláusulas de actualización monetaria, de ca-rácter general y fundada en una ley del Congreso, no es posible interpretar que la intangibilidad de la compensación que reci-ben los jueces se mantenga mediante un sistema que el legisla-dor considera ilícito.
9°) Que habiéndose considerado que la intangibilidad no puede ser interpretada como actualización monetaria, por hallarse prohibida por la legislación vigente, cabe indagar cuál es el significado concreto que tiene tal garantía.
Para desarrollar esa interpretación, debe tenerse en cuenta que en el caso se trata de compensaciones de jueces locales, lo que obliga a considerar la garantía de un modo armónico con las fa-cultades que tienen los estados provinciales. En este sentido, el principio de la descentralización federal que inspira la Ley Suprema, fundamenta el derecho de cada Estado provincial de fi-jar los ingresos de los magistrados, ya que éstas "se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas" (art. 122 —art. 105 en el texto anterior a la reforma de 1994— Fallos: 95:229; 119:372; 154:104, entre muchos otros).
Por esta razón es que esta Corte ha sostenido que la garantía no resulta afectada cuando hay ingresos diferentes en distintos estados provinciales. Ha dicho, al respecto, que, "en la medida en que las normas locales preserven la sustancia del principio, de manera que la ratio de éste no resulte frustrada, la exigen-cia del art. 5º de la Constitución Nacional resulta suficiente-mente cumplida. El art. 5° de la Constitución Nacional declara la unidad de los argentinos en torno del ideal republicano. Pe-ro se trata de una unidad particular. Es la unidad en la diver-sidad. Diversidad proveniente, precisamente, del ideal federa-lista abrazado con parejo fervor que el republicano. El federa-lismo encierra un reconocimiento y respeto hacia las identida-des de cada provincia; empero, dicha identidad no encuentra su campo de realización solamente dentro del ámbito comprendido por los poderes no delegados al gobierno federal (arts. 104 —hoy art. 121— y concs., de la Constitución Nacional), sino tam-bién en el de la adecuación de sus instituciones a los requeri-mientos del art. 5º citado. Esto último, asimismo, configura una fuente de vitalidad para la república, en la medida en que posibilita una pluralidad de ensayos y búsquedas por las dife-rentes provincias de caminos propios para diseñar, mantener y perfeccionar los sistemas republicanos locales. Por lo demás, si la Constitución Nacional, para la época de su dictado, fue establecida como causa ejemplar de las instituciones locales, los posteriores desarrollos del constitucionalismo provincial configuran una rica fuente para el desarrollo y progreso aun de las instituciones nacionales. No entraña la diversidad enuncia-da ninguna fuerza disgregadora, sino una suerte de fructífera dialéctica, enmarcada siempre por la ley cimera de la Nación" (Fallos: 311:460 y 315:2780).
10) Que habiéndose concluido que la intangibilidad no implica la automática aplicación de cláusulas de actualización moneta-ria legalmente prohibidas, ni impide la diversidad en las dife-rentes provincias, cabe considerar cuál es el significado que debe asignarse a esa garantía. Para establecerlo, cabe partir de la base de que los derechos fundamentales y las garantías institucionales tienen un contenido esencial y mínimo que debe ser respetado por todos los habitantes, y por lo tanto obliga también a los estados provinciales. Debe observarse a este res-pecto que, lejos de tratarse de un privilegio de los jueces, lo que se discute es el derecho a la igualdad de todos los habi-tantes, que deben gozar de parejas posibilidades de que sus conflictos sean resueltos por magistrados independientes, cual-quiera sea la competencia a la que se hallen sujetos en todo el territorio de la Nación.
De tal modo, la diversidad de las compensaciones puede y debe necesariamente existir, pero debe haber un contenido mínimo que permita considerar que la garantía institucional es verdadera-mente efectiva en todo el territorio de la Nación.
La afirmación precedente ha sido sostenida por esta Corte al justificar su intervención en materia de compensación de jueces pertenecientes a las justicias provinciales, expresando que po-día hacerlo cuando resultaba afectada la sustancia de la garan-tía aludida. Ha dicho que "si bien la Constitución Nacional ga-rante a las provincias el establecimiento de sus instituciones, el ejercicio de ellas y la elección de sus autoridades (arts. 5º y 105 —hoy art. 122—) las sujeta a ellas y a la Nación al sistema representativo y republicano de gobierno (arts. 1º y 5º), impone su supremacía sobre las constituciones y leyes lo-cales (art. 31) y encomienda a esta Corte el asegurarla (art. 100 —hoy 116—)", razón por la cual "la intervención de este Tribunal federal no avasalla las autonomías provinciales, sino que procura la perfección de su funcionamiento, asegurando el acatamiento a aquellos principios superiores que las provincias han acordado respetar al concurrir al establecimiento de la Constitución Nacional" (Fallos: 310:804). Asimismo, ha señalado que "si bien el principio de intangibilidad no podría ser des-conocido por las provincias, de ello no se sigue que los alcan-ces de aquél en el ámbito de éstas, deban ser necesariamente iguales a los trazados para la esfera nacional por la jurispru-dencia de esta Corte" (Fallos: 311:460 y 316:2747) y que a tal fin deben tenerse en cuenta dos cuestiones: por un lado, que la esencia republicana de gobierno requiere la intangibilidad de los sueldos judiciales y que ésta no puede ser soslayada por las provincias. Por el otro, que, de conformidad con la esencia federal de ese mismo gobierno, es del resorte de los estados establecer la regulación de dicha intangibilidad. "Luego, la función de esta Corte, como órgano garante de la supremacía de la Constitución en los casos llevados a su conocimiento, se en-cuentra limitada a juzgar, siguiendo las palabras del preceden-te (de Fallos: 311:460), acerca de si la 'sustancia' de la men-tada garantía de los jueces provinciales se encuentra preserva-da o no, a si su ratio ha resultado frustrada o lograda; mas, satisfecha esa exigencia, esto es, satisfecho el imperio de la Constitución Nacional, como ocurre en el sub lite, lo concer-niente a las particularidades o pormenores mediante los cuales los estados provinciales tutelen tal garantía, que es lo plan-teado en este agravio, configura ya materia insusceptible de ser revisada en esta instancia de derecho federal" (Fallos: 316:2747).
La Constitución Nacional dispone que las provincias deben ase-gurar su administración de justicia y ello debe ser interpreta-do de manera que brinden todas las garantías, entre las cuales se encuentra la intangibilidad de las compensaciones que reci-ben los jueces. La división de poderes es un principio que debe ser asegurado en toda la Nación y ello implica que los jueces tengan ingresos dignos, para que los mejores hombres y mujeres sean los que sientan interés en servir a la justicia y a los ciudadanos. Una compensación indigna o demasiado alejada de los promedios nacionales alejará a los jueces de sus cargos y con-sagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente inad-misible en un estado de derecho.
11) Que con arreglo a la doctrina de esta Corte, la garantía de la intangibilidad examinada resulta afectada cuando se produce un ostensible deterioro temporalmente dilatado de las remunera-ciones de los magistrados respecto de lo que resulta razonable.
El primer elemento ha sido reiteradamente afirmado, al señalar-se que debe existir un "ostensible deterioro sufrido por las remuneraciones de los magistrados que en cada caso acontezca, en su proyección en la relación de desempeño de la función ju-dicial" (Fallos: 307:2174 y 308:1932).
El segundo elemento requiere ponderar períodos de tiempo más o menos prolongados en los que la remuneración real puede experi-mentar altibajos propios de las circunstancias pero que, en su globalidad, mantienen la intangibilidad querida por el texto constitucional, sin perjuicio de admitir un cierto desfase men-sual que no incida con entidad significativa en el aspecto pa-trimonial de la garantía estatuida en el art. 110 (art. 96, en el texto anterior a la reforma de 1994) de la Constitución Na-cional (Fallos: 314:749; 316:2379 y 319:1352).
El tercer elemento obliga a la aplicación de dos criterios de razonabilidad sustantiva.
El primer criterio conduce a considerar razonable lo que surge de lo que las demás jurisdicciones hacen y por ello es que se considera que las remuneraciones judiciales de todo el país de-ben reconocer una cierta base igualitaria mínima respecto de las condiciones salariales de sus magistrados, que hagan a la dignidad, inamovilidad e independencia de éstos. En este senti-do, la valoración que las provincias hagan del merecimiento sa-larial de sus jueces, no puede alejarse en forma grosera de las remuneraciones que perciben los demás jueces en las restantes jurisdicciones, tanto a nivel nacional como provincial. La pru-dencia a este respeto indica que, salvo circunstancias debidas a zonas inhóspitas o desfavorables, o con costos extraordina-riamente altos, en que la vida austera, pero digna, requiera mayores remuneraciones, todos los jueces provinciales deben percibir retribuciones que observen una razonable relación con el promedio de las que perciben los jueces de las restantes ju-risdicciones provinciales y nacional a efectos de no violar el mencionado art. 5° de la Constitución Nacional y tampoco incu-rrir en una desigualdad discriminatoria que atentaría contra la garantía del art. 16 del mismo texto supremo, y, de este modo, alcanzar una solución objetivamente justa.
El segundo criterio lleva a considerar la razonabilidad en re-lación al caso concreto, ya que la garantía importa, necesaria-mente, que los jueces puedan tener una vida digna, entendiendo por ello la posibilidad de que el ingreso que perciben les per-mita su subsistencia y la de su familia, de manera compatible con el cargo que la sociedad le ha encomendado. En este orden de ideas, este Tribunal puso de manifiesto que será la magnitud notable y el ostensible deterioro sufrido por las remuneracio-nes de los magistrados que en cada caso acontezca, en su pro-yección en la relación de desempeño de la función judicial, la que justificará la tutela que se persigue por la vía del amparo con apoyo en la mentada cláusula constitucional (Fallos: 307:2174 y 308:1932).
12) Que aplicando los criterios precedentemente expuestos en el presente caso, cabe considerar dos aspectos. En primer lugar, el Superior Tribunal ha interpretado que la garantía de intan-gibilidad no es equivalente a la aplicación de cláusulas de ac-tualización monetaria, de conformidad con la doctrina de esta Corte. En segundo lugar, la demandada ha entregado a los recla-mantes, de modo definitivo y liberatorio, la totalidad de lo reclamado, de manera que no se configura ninguna lesión sustan-cial a la garantía invocada.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se decla-ra admisible el recurso extraordinario y se confirma la senten-cia apelada. Con costas. Notifíquese y, oportunamente, devuél-vase. E. RAUL ZAFFARONI RICARDO LUIS LORENZETTI.
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VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
Considerando:
1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de En-tre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 de la ley 8369 por tres magistra-dos provinciales el 7 de enero de 2003. En consecuencia, mantu-vo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remunera-ciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero en efectivo y sin las postergaciones introducidas en los decretos de emergencia cues-tionados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos reclamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de indexación de las remuneraciones de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654, que prevén la aplicación del índice de precios al consumidor, en su nivel general. Contra esta de-cisión los demandantes interpusieron el recurso extraordinario concedido a fs. 392/394.
2°) Que para así decidir, el Superior Tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta. En este sentido, señaló que el Acuerdo General de Ministros N° 22/03 celebrado por el Superior Tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219) —en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores— carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados del Superior Tribunal que habían inter-puesto la demanda que dio origen al pleito, es decir, por los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.).
Asimismo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pa-gos efectuados por la provincia en cumplimiento de las senten-cias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los de-mandantes.
Respecto al fondo de la cuestión, la Corte local destacó que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibición gene-ral de utilizar procedimientos de actualización monetaria pe-riódica y automática contenidos en las leyes federales 23.928 y 25.561.
3°) Que los recurrentes solicitaron al Superior Tribunal local que tuviera a la demandada por "allanada" a las pretensiones de su parte (conf. fs. 388 y 399). Fundaron esta petición en que, mediante el decreto provincial 15 de 2004, posterior al fallo recurrido, el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos declaró legítimamente abonadas las sumas de dinero reclamadas por los jueces en las múltiples demandas de amparo y ejecución deduci-das con motivo de los mismos hechos que dieron lugar a la pre-sente causa, inclusive las sumas depositadas en ésta. A su vez, en dicho decreto —complementado por el 799/04— el gobernador autorizó al fiscal de Estado de esa provincia a desistir de to-dos los recursos interpuestos contra las respectivas sentencias condenatorias, así como a allanarse a las impugnaciones plan-teadas por los jueces demandantes contra las sentencias que les hubieran resultado desfavorables.
A fs. 416/420 los interesados adjuntaron la copia de los decre-tos referidos y reiteraron al Tribunal su petición de que se declare que la demandada se ha allanado a las pretensiones de su parte.
4°) Que el texto de los decretos 15 y 799 de 2004 evidencia que, contrariamente a lo alegado por los recurrentes, dichos actos no significaron un reconocimiento de los derechos invoca-dos en la demanda. En efecto, en dichos decretos se establece que, a fin de evitar los mayores costos y costas que eventual-mente podía haber traído aparejado un pronunciamiento final de tenor similar al dictado por esta Corte en Fallos: 315:2386, se tornaba conveniente declarar legítimamente abonadas todas las sumas pagadas por la provincia en virtud de las sentencias con-denatorias dictadas contra ella en los respectivos procesos de ejecución promovidos por los jueces locales (ver considerandos de los decretos mencionados).
No es posible extraer de tales manifestaciones de voluntad de las autoridades provinciales el pretendido reconocimiento del derecho de los actores a percibir la actualización monetaria solicitada por ellos en los términos de las leyes 8069 y 8654. Ello es así pues una cosa es declarar que las cantidades recla-madas y percibidas por los demandantes han quedado incorporadas a sus patrimonios (lo cual equivale, de facto, a una recomposi-ción salarial) y otra muy distinta es admitir la validez del régimen de actualización monetaria periódica y automática de las remuneraciones de los jueces previsto en las leyes provin-ciales aludidas precedentemente.
Por lo demás, y tal como se expresó anteriormente, en dichas normas el gobernador autorizó al fiscal de Estado a "desistir de los recursos de apelación y allanarse a los deducidos por la parte actora" (conf. art. 1° del decreto 799/04). Es decir, de los términos utilizados por el ejecutivo provincial surge cla-ramente que el fiscal de Estado estaba habilitado para desistir de los recursos pendientes y allanarse a las pretensiones de los demandantes o seguir con los procesos en trámite. En el ca-so de autos la fiscal de Estado —Claudia Mónica Mizawak— optó por la segunda alternativa y no se allanó a los términos del recurso extraordinario interpuesto por los actores (ver fs. 390/390 vta.), circunstancia que ha sido reconocida por los re-currentes a fs. 420. En efecto, al ser requeridas las partes a que en el término de cinco días se pronuncien respecto del de-creto 15/04 (fs. 383), la fiscal de Estado manifestó "no existe posibilidad de desistimiento de recurso (porque esta parte no recurrió en la presente causa en esta instancia). Y no es posi-ble, en razón de la oportunidad procesal, allanarse al recurso interpuesto por la contraria" (fs. 390/390 vta). Por lo demás, tampoco hay en el expediente manifestación alguna del goberna-dor de la provincia en sentido contrario a la conducta de la fiscal de Estado.
5°) Que, por lo precedentemente expuesto y, tal como se ha ex-presado, los pagos efectuados por la provincia al amparo de los decretos mencionados no significaron, entonces, un reconoci-miento tácito del derecho de los demandantes a la actualización monetaria. Por otra parte, la conducta posterior del represen-tante de la provincia en juicio tampoco implicó aceptar la pre-tensión de los actores respecto de la aplicación al sistema de actualización previsto en las leyes 8069 y 8654 (conf., mutatis mutandi causa "Masciotta, José y otros" —Fallos: 327:2932—). Por lo demás, no es exacto que la cuestión relativa a la proce-dencia de actualizar las remuneraciones judiciales conforme al régimen de las leyes 8069 y 8654 se haya tornado abstracta, ya que no se ha disipado el interés de las partes en obtener una declaración de certeza respecto de la existencia o inexistencia de los derechos respectivamente invocados.
6°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible, to-da vez que en la especie cabe hacer excepción a la regla según la cual el remedio federal es improcedente si no media resolu-ción contraria al derecho federal (Fallos: 310:959, voto del juez Petracchi). Ello es así porque, al agraviarse de lo re-suelto por la Corte local, los demandantes sostienen que el ré-gimen de actualización de las remuneraciones judiciales esta-blecido en las leyes 8069 y 8654 "hace a la esencia de la inde-pendencia de los jueces" y constituye parte fundamental del principio de separación de los poderes, que las instituciones de la provincia deben asegurar por imperio de lo dispuesto en los arts. 5° y 123 de la Constitución Nacional. En consecuen-cia, el asunto controvertido está íntimamente vinculado con la interpretación de cláusulas de la Carta Magna referentes al mo-do en que se deben estructurar los tres poderes en las provin-cias que integran nuestro estado federal.
7°) Que en cuanto al fondo del tema controvertido, esta Corte ya se ha pronunciado respecto de una cuestión similar —la posi-bilidad de ajustar las remuneraciones de los magistrados a tra-vés de procedimientos de actualización con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 23.928 (y actualmente la 25.561)— en el precedente "Mill de Pereyra, Rita Aurora y otros", (Fa-llos: 324:3219), doctrina que, en las actuales condiciones, re-sulta aplicable al sub lite.
Cabe así descartar la aplicación en esta causa del caso —tantas veces citado por los recurrentes— "Bonorino Peró" (Fallos: 307:2174), desde que este último fue dictado por el Tribunal en un contexto diferente al existente luego de sancionada la ley de convertibilidad. En efecto, en "Bonorino Peró", la Corte partió de reconocer el contexto inflacionario vigente y admitió el reclamo de los magistrados demandantes. Una vez dictada la ley 23.928 —en la que se consagró una prohibición absoluta de utilizar regímenes de actualización monetaria—, la Corte tuvo en cuenta la nueva realidad y se pronunció nuevamente acerca de este tema en "Mill de Pereyra"; como se dijo, esta es la juris-prudencia aplicable al caso de autos. Asimismo, tampoco corres-ponde aplicar al sub lite el precedente citado por los decretos 15/04 y 799/04 para fundar la autorización aludida en el consi-derando 5° ("Jáuregui", Fallos: 315:2386). En el caso "Jáure-gui", la Corte examinó la ley 8069 a la luz del criterio de "Bonorino Peró", debido a que esta norma provincial se aplicaba con anterioridad a que entrase en vigencia la ley 23.928.
8°) Que en "Mill de Pereyra" este Tribunal recordó "que la in-tangibilidad de las retribuciones de los jueces es garantía de independencia del Poder Judicial, de manera que cabe conside-rarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcio-namiento de un poder del Estado".
También estableció que esta garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida al "órganoinstitución" y al "órganoindi-viduo", no para exclusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equili-brio tripartito de los poderes del Estado, de forma que la vía abierta en esta causa no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino a la ya referida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judicial, cuya perturbación la Constitución ha queri-do evitar al consagrar rotundamente la incolumidad absoluta de las remuneraciones judiciales.
Asimismo, en Fallos: 176:73, esta Corte sostuvo que la intangi-bilidad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira a la institución del Poder Judicial de la Nación, a la que los cons-tituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia.
Con tal encuadre, la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, así como la regla fijada por el art. 110 de la federal respecto de los jueces nacionales, tienen por objeto garantizar la indepen-dencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Esta-do. Se trata de un mandato dirigido a los otros dos poderes del Estado y les impone abstenerse de dictar o ejecutar acto alguno que implique reducir la remuneración de los jueces, pero no instituye un privilegio que los ponga a salvo de toda y cual-quier circunstancia que redunde en una pérdida de poder adqui-sitivo de sus haberes en violación a los principios de igualdad ante la ley, equidad y justicia distributiva.
9°) Que, tal como se dijo en "Mill de Pereyra", la interpreta-ción de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo con el contenido de las demás; la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos: 296:432). En la búsqueda de esa armonía y equilibrio debe evitarse que las normas constitucionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto.
Con estas pautas, se deduce sin esfuerzo que el Superior Tribu-nal local, al interpretar que el art. 156 de la Constitución provincial resulta plenamente compatible con la prohibición ge-neral de aplicar procedimientos de actualización automática previstos en las leyes 23.928 y 25.561, no ha violentado la in-dependencia de la justicia local ni ha desconocido el mandato de organizarse bajo los principios de un Estado republicano.
10) Que la infrascripta coincide con los considerandos 10 y 11 del voto de los jueces Zaffaroni y Lorenzetti.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se decla-ra admisible el recurso extraordinario y se confirma la senten-cia apelada. Con costas (art. 68, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, opor-tunamente, remítanse los autos. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.
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DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de En-tre Ríos, integrado por conjueces, confirmó parcialmente la sentencia que había admitido la demanda de ejecución promovida con fundamento en el art. 25 de la ley 8369 por tres magistra-dos provinciales el 7 de enero de 2003. En consecuencia, mantu-vo lo resuelto por el juez de primera instancia en cuanto a que la provincia demandada debía pagar a los actores las remunera-ciones correspondientes a diciembre de 2002 y la mitad del sueldo anual complementario en dinero efectivo y sin las pos-tergaciones introducidas en los decretos de emergencia cuestio-nados en la demanda. No obstante, revocó ese pronunciamiento en la medida en que en él se había dispuesto que los sueldos re-clamados debían ser actualizados por aplicación del régimen de adecuación remunerativa por intangibilidad de las compensacio-nes de los magistrados previsto en las leyes 8069 y 8654. Co-ntra esta decisión los demandantes interpusieron el recurso ex-traordinario concedido a fs. 392/394.
2°) Que para así decidir, el superior tribunal local descartó, en primer término, lo alegado por los interesados en cuanto a que la cuestión debatida se había tornado abstracta en virtud del Acuerdo General de Ministros N° 22/03 celebrado por el Su-perior Tribunal (cuya copia está agregada a fs. 217/219), en el cual se habían reconocido los reclamos de los actores. El tri-bunal sostuvo que el acuerdo citado carecía de valor en tanto había sido firmado por los mismos magistrados del Superior Tri-bunal que habían interpuesto la demanda que dio origen al plei-to, es decir, los jueces Chiara Díaz, Carubia y Carlomagno (conf. fs. 278 vta.).
Asimismo, la mayoría de los conjueces coincidió en que los pa-gos efectuados por la provincia en cumplimiento de las senten-cias condenatorias no habían sido voluntarios sino forzosos, de modo que no cabía atribuirles el efecto pretendido por los de-mandantes.
Respecto al fondo de la cuestión, la Corte local sostuvo que el régimen de indexación previsto en las leyes provinciales 8069 y 8654 carecía de validez en tanto desconoce la prohibición gene-ral de utilizar procedimientos de actualización monetaria pe-riódica y automática contenida en las leyes federales 23.928 y 25.561.
3°) Que tres meses después de notificado el fallo, el Goberna-dor de la Provincia dictó el decreto 15, de fecha 5 de enero de 2004, mediante el cual declaró legítimamente abonadas las sumas pagadas como consecuencia de las sentencias de primera instan-cia dictadas en varias causas, entre las que se mencionaba a ésta; y a su vez autorizó al fiscal de Estado para desistir de los recursos que hubiera deducido o se allanara a los planteos de la parte contraria, autorización que por decreto 799, de fe-cha 4 de marzo de 2004, hizo extensiva a todo otro juicio de igual índole. El gobernador dispuso, además, la actualización en los términos de las leyes 8069 y 8654, de las remuneraciones de los actores correspondientes a diciembre de 2003 y del suel-do anual complementario del segundo semestre de ese año.
4°) Que la decisión mencionada satisface la pretensión de los actores —aquí recurrentes— y deja de ese modo sin objeto al pleito (conf. Fallos: 231:288; 284:84 y 323:1101). Conforme se-ñala el decreto citado, la calificación de "legítimo abono" al pago oportunamente realizado fue dispuesta por considerarse que, a la postre, el resultado de estos pleitos les sería favo-rable a los demandantes por la aplicación de la doctrina del caso "Jáuregui", fallado por esta Corte el 6 de octubre de 1992 (Fallos: 315:2386) por lo que el Estado provincial estimó que no debía seguir incurriendo en mayores costos y costas. La ci-tada calificación comportó una clara y espontánea renuncia a seguir objetando el derecho alegado por los actores. Ante tal decisión, carece de relevancia que la fiscal del Estado, des-pués de requerir que se rechazara el recurso extraordinario de su contraria, manifestara que ya no era oportuno allanarse, pues, como quedó expuesto, la sentencia que defendía había sido desconocida voluntariamente por el Estado provincial, vale de-cir, por la parte a la que aquélla representaba.
5°) Que la cuestión en estudio, relativa a la garantía de irre-ductibilidad de las remuneraciones de los jueces en su relación con la pérdida del poder adquisitivo y con las disposiciones legislativas que derogan las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan el empleo de índices de precios para actualizar valores (arts. 4° de la ley 25.561 y 10 de la ley 23.928) reviste trascendencia institucional suficiente, implica la interpretación de pautas de orden público constitucional y excede el interés de las partes, lo que habilita el abordaje de la misma, sin que resulte óbice a tal análisis lo señalado en el considerando precedente, máxime teniendo en cuenta que el Estado provincial ha invocado, en sustento de su proceder, hallarse obligado por la doctrina del precedente "Jáuregui" de esta Corte (Fallos: 315:2386).
6°) Que la prohibición de reducir las remuneraciones de los jueces mientras duren en sus funciones, consagrada en el art. 110 de la Constitución Nacional, así como el art. 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, tiene por objeto garantizar la independencia e imparcialidad de la justicia en cuanto poder del Estado. Al respecto, esta Corte ha sostenido que la irreductibilidad de los sueldos de los jueces es una ga-rantía de independencia del Poder Judicial (Fallos: 176:73; 247:495; 254:184, entre otros), de forma que cabe considerarla, juntamente con la inamovilidad, como garantía de funcionamiento de un poder del Estado, de modo similar a las que preservan a las Cámaras del Congreso, a sus miembros, y a los funcionarios incluidos en el art. 45 de la Constitución.
Efectivamente, desde sus orígenes, la irreductibilidad de las remuneraciones judiciales, junto con la inamovilidad, siempre significaron para los jueces garantías emblemáticas de su inde-pendencia y, con ella, la independencia del Poder Judicial. En este sentido se expresó Alexander Hamilton (El Federalista N° LXXIX): "después de la permanencia en el cargo, nada puede con-tribuir más a la independencia de los jueces que el proveer en forma estable a su remuneración... Conforme al modo ordinario de ser de la naturaleza humana, un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad...".
En consecuencia, la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces, en primer lugar, es un derivado lógico del princi-pio fundamental de la separación e independencia de los pode-res. En este sentido, esta Corte ha sostenido que la garantía de irreductibilidad de los sueldos está conferida no para ex-clusivo beneficio personal o patrimonial de los magistrados si-no para resguardar su función y el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, cuya perturbación la Ley Suprema ha querido evitar al consagrar rotundamente la garantía en análisis (Fa-llos: 315:2386 y 324:3219). De esta manera, constituye condi-ción indispensable, imprescindible y necesaria para que los jueces se sientan dueños de sí y dicten sus sentencias libres de presiones, con imparcialidad y total independencia. Garantía de garantías, ella preserva a los jueces de la injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo y les asegura la indepen-dencia objetiva y subjetiva necesarias para desempeñar sus fun-ciones. Esto convierte a esa garantía no sólo en valiosa y fun-damental para la organización social y política de la Nación, sino también en piedra angular de valor talismático para la vi-da institucional de la República. En ausencia de ella, no hay Estado republicano.
Debe quedar perfectamente claro que ninguna forma dialéctica, ningún razonamiento, raciocinio o forma de expresión pueden te-ner eficacia o utilizarse para negar, desvirtuar o menoscabar la garantía que consagra el art. 110 de la Constitución Nacio-nal cuando expresa que "de ninguna manera" pueda disminuirse la remuneración de los jueces. Intentar hacerlo, restando diafani-dad y pureza a la garantía en cuestión implica una flagrante violación de la Constitución Nacional que la consagra. La ga-rantía protege la intangibilidad, la incolumidad y la irreduc-tibilidad de las remuneraciones de los jueces y en consecuencia éstas no pueden ni deben tocarse, dañarse, ni sufrir menoscabo, ni reducción alguna.
7°) Que, asimismo, este imperativo constitucional se propone no sólo asegurar a los que ejercen el Poder Judicial la subsisten-cia, al abrigo de todos los cambios que el poder discrecional del Congreso pudiera introducir al dictar la ley de presupues-to, sino también el procurar la conformación de sus cuadros me-diante "una sucesión de hombres ilustrados y honestos, exentos de la pasión del lucro, y de los poderosos impulsos de la nece-sidad, que los llevaría a buscar ilegítimas ganancias, o a des-cuidar las funciones públicas por los oficios privados" (Joa-quín V. González, Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Ángel Estrada y Cía. Editores, 1897, pág. 628), toda vez que se les prohíbe ejercer otra profesión o acto de comercio alguno. La norma en análisis, en consecuencia, contribuye en la convocatoria de individuos idóneos para el cumplimiento de la función judicial, así como a compensarlos adecuadamente, te-niendo en cuenta las particularidades de la misma.
Ello reviste especial relevancia, en virtud de las incompatibi-lidades estatuidas respecto a los jueces en los términos del art. 34 de la Constitución Nacional y de la normativa infra-constitucional, entre la que puede citarse el art. 9° de la ley orgánica del Poder Judicial (decretoley 1285/58), las cuales encuentran fundamento en que "el Poder Judicial, y por consi-guiente sus miembros, tiene caracteres especialísimos, o debe tenerlos, que le distingue notablemente de los otros dos, sien-do de ello la consecuencia que sus funciones resultan incompa-tibles con el desempeño de las de aquéllos...por todo esto, la ciencia constitucional les prescribe la absoluta contracción a sus cargos" (González Calderón, "La función judicial en la Constitución Argentina", Buenos Aires, Librería Nacional, 1911, págs. 61 y 62).
Es decir, el Poder Judicial, por sus funciones específicas, de-be ser preservado orgánica y funcionalmente. Integrado por ma-gistrados dignos, alejados de las internas de círculos o parti-dos, sin codicia, dotados de inteligencia, talento, vocación, carácter, capacidad de trabajo y conducta moral, sus cualidades morales e intelectuales aseguran la vigencia de las garantías y preservan la independencia y el prestigio de la justicia. En consecuencia, como ha señalado el autor citado, "los funciona-rios judiciales deben ser retribuidos por los servicios que prestan al Estado, y deben serlo con magnanimidad, para evitar que la concupiscencia o el soborno, pueda tentarlos como medio de salir de su miseria, torciendo la vara de la justicia" (Gon-zález Calderón, op. cit., pág. 59).
8°) Que, en consecuencia, las inmunidades de las cuales se or-dena a la magistratura no constituyen privilegios personales, sino que se relacionan directamente con la función que ejerce y su objeto es protegerla contra los avances, excesos o abusos de otros poderes en beneficio de los justiciables y, en definiti-va, de toda la Nación. Ellas aseguran, en la dinámica del go-bierno, en la realidad del proceso gubernamental, la fundamen-talidad de la Constitución y su carácter de norma operativa.
En este sentido, esta Corte ha sostenido que la irreductibili-dad de la remuneración de los jueces ha sido establecida no por razón de la persona de los magistrados, sino en mira de la ins-titución del Poder Judicial, a la que los constituyentes han querido liberar de toda presión de parte de los otros poderes, para preservar su absoluta independencia. La incolumidad de los sueldos está conferida en común al "órganoinstitución" y al "órganoindividuo", no para exclusivo beneficio personal o pa-trimonial de los magistrados, sino para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado, de forma que no tiende sólo a defender un derecho de propiedad de los actores como particulares, y a título privado, sino la ya refe-rida garantía de funcionamiento independiente del Poder Judi-cial. Sustancialmente, en consecuencia, la intangibilidad de los sueldos no es estrictamente una garantía a favor de tales magistrados, sino un seguro de su independencia efectiva que beneficia a la misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta vigencia del estado de derecho y el sistema republica-no de gobierno (Fallos: 324:3219).
9°) Que, por lo demás, y en orden a la jerarquía con que la propia Constitución sistematiza la materia, cabe puntualizar que las razones por las cuales se ha recalcado en los conside-randos precedentes que la garantía del art. 110 atiende al fun-cionamiento independiente del Poder Judicial, llevan a concluir que la incolumidad de las remuneraciones que dicho precepto consagra está comprendida entre las condiciones de la adminis-tración de justicia exigibles a las provincias a los fines con-templados en el art. 5° de la Ley Fundamental (Fallos: 307:2174).
10) Que la garantía de irreductibilidad de los salarios de los jueces ha recibido un consolidado reconocimiento durante la gestación del derecho constitucional argentino. La Constitución de las Provincias Unidas de Sudamérica, de fecha 22 de abril de 1819, estatuía en sus artículos CII y CIII que los individuos de esta Corte ejercerán el cargo por el tiempo de su buena com-portación; y no podrán ser empleados por el Poder Ejecutivo en otro destino sin su consentimiento y el de la misma Corte; el Cuerpo Legislativo les designará una compensación por sus ser-vicios, que no podrá ser disminuida mientras permanezcan en el oficio. Por su parte, la Constitución de la República Argenti-na, de fecha 24 de diciembre de 1826, establecía en su art. 129 que los miembros del Poder Judicial Federal gozarán de una com-pensación que no podrá ser disminuida mientras duren en sus puestos.
La norma recibe su actual tenor literal en el texto constitu-cional sancionado en 1853 (entonces art. 93, art. 96 con poste-rioridad a la reforma de 1860 y, tras la reforma de 1994, art. 110), donde expresamente se establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación con-servarán sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibi-rán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser disminuida en manera alguna, mientras perma-necieren en sus funciones".
La adopción de la fórmula, que difiere de los antecedentes en que se enfatiza de manera contundente que la compensación no podrá ser disminuida "de manera alguna", tiene su origen en el art. 57 del anteproyecto elaborado por el constituyente Benja-mín Gorostiaga. Si bien la norma reconoce como modelo formal la Constitución de Estados Unidos de América, cuyo artículo III, 1ra. parte establece que "los jueces de la Corte Suprema y de los Tribunales Inferiores permanecerán en sus empleos mientras dure su buena conducta, y recibirán en épocas señaladas una compensación por sus servicios, que no será disminuida mientras duren en sus empleos", introduce el énfasis mencionado.
11) Que a fin de ponderar las diferencias de tenor literal en-tre las dos normas constitucionales señaladas, resulta conve-niente tener en cuenta que la cláusula estadounidense reconoce antecedentes en el derecho inglés, en particular en su previ-sión en la ley de sucesión dictada en el año 1701, en tiempos de Guillermo III —Act of Settlement— que tuvo el carácter de ley fundamental, conforme a la cual los sueldos de los jueces eran fijos e invariables. Asimismo, durante el reinado de Jorge III, los sueldos de los jueces fueron absolutamente asegurados durante la continuación de sus nombramientos (Kent, James, "Del gobierno y jurisprudencia constitucional de los Estados Uni-dos", Buenos Aires, 1865, pág. 128). El carácter crítico del tema revistió tal magnitud que incluso fue considerado en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de Améri-ca, donde se acusó a la monarquía inglesa de hacer a los jueces dependientes de su sola voluntad, en virtud de la disposición del tiempo de duración del empleo, y la cantidad y pago de los salarios judiciales.
En el proceso constituyente estadounidense se discutió especí-ficamente la extensión de la garantía, en concreto respecto de si la previsión constitucional debía prohibir solo la disminu-ción, o bien también el aumento de los sueldos de los magistra-dos durante el ejercicio de las funciones. La Comisión, en el debate general, primero analizó la posibilidad de adoptar un tenor literal que prohibiera ambos supuestos (1 Max Farrand, The records of the Federal Convention of 1787, pág. 121), sin embargo, en el debate subsiguiente de la Convención, y, final-mente, al realizarse el reporte de la Comisión en detalle, fue rechazada la prohibición de la posibilidad de aumentos. Básica-mente el argumento tenido en cuenta para decidir el rechazo a dicha previsión se debía a que se consideró era factible que aumentara el costo de vida (Fallon, Richard H., Meltzer, Daniel J., Shapiro, David L., The Federal Courts and The Federal Sys-tem, 4ª edición, University Casebook Series, pág. 10).
En tal sentido, Alexander Hamilton sostenía que "las fluctua-ciones del valor de la moneda y el estado de la sociedad harían inadmisible una tasa fija de retribución. Lo que podría ser ex-travagante hoy podría dentro de medio siglo resultar exiguo e inadecuado. Fue por lo tanto necesario dejar a la discreción de la legislatura la variación de sus provisiones de conformidad con la variación de las circunstancias, pero sin embargo bajo tales restricciones como para colocar fuera del poder de ese cuerpo el cambio en perjuicio de los afectados" (El Federalista N° LXXIX). En este sentido, James Madison, por ejemplo, era proclive a prever tal supuesto mediante la búsqueda de la refe-rencia a un valor estándar que tenga el carácter de permanente (2 Max Farrand, The records of the Federal Convention of 1787, pág. 45, 1911). Sin embargo, la Convención adoptó la posición del gobernador Morris, en torno a que se permita aumentos por parte del Congreso en aquellos supuestos.
Comentando la norma en análisis, ya a principios del siglo XIX Joseph Story, siguiendo a Alexander Hamilton (El Federalista, N° LXXIX) había señalado que si bien algunas normas supremas preveían que los sueldos de los jueces debían ser fijados de manera permanente, "la experiencia ha mostrado en algunas cir-cunstancias que tales expresiones no eran suficientemente ex-plícitas para escapar al capricho legislativo; se requería para esto alguna cosa más positiva y más precisa" (Joseph Story, "Comentario abreviado a la Constitución de Estados Unidos de América", Ed. Oxford, México, 1999, pág. 250).
12) Que en el caso del texto constitucional argentino, el art. 110 reviste carácter enfático, contundente y terminante en tor-no a la prohibición de disminución "en manera alguna", aspecto que, al diferenciarlo de su modelo formal en la norma estadou-nidense, reclama una exégesis propia, con características pecu-liares que la distingan de la aplicación jurisprudencial efec-tuada por la Suprema Corte de los Estados Unidos de América.
Al respecto, esta Corte ha señalado que "no puede presumirse que cláusula alguna de la Constitución esté pensada para no te-ner efecto y, por lo tanto, la interpretación contraria es in-admisible salvo que el texto de la Constitución así lo indique" (causa "Bruno", Fallos: 311:460). Ello lleva a concluir que la particularidad adoptada por el constituyente argentino al enfa-tizar de manera terminante la prohibición de disminución "de manera alguna", constituye a la norma como un precepto impera-tivo y categórico.
A ello se suma que el tenor literal adoptado es particular para el caso de los jueces, difiriendo de la adoptada por el art. 107 de la norma suprema con respecto al jefe de gabinete y los demás ministros del Poder Ejecutivo, donde se señala que "goza-rán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o perjuicio de los que se hallen en ejercicio". En el mismo sentido, comentan-do la solución aportada por la Constitución estadounidense, se-ñala Joseph Story, siguiendo el criterio de Alexander Hamilton (El Federalista, N° LXXIX), que "se debe observar una diferen-cia en la disposición relativa al sueldo del presidente y la que se refiere al sueldo del juez. Según la primera, el sueldo del presidente no puede ser aumentado ni disminuido; por la se-gunda, el de los jueces no puede ser disminuido. Esta diferen-cia procede probablemente de la que existe en la duración de las funciones. Como el presidente no debe ser electo por más de cuatro años, sucederá rara vez que un sueldo que haya parecido conveniente a su entrada en el empleo, no continúe en serlo hasta el fin. Pero respecto a los jueces...podrá suceder que un sueldo suficiente para una época no lo sea ya para la otra" (Story, pág. 250).
13) Que, por su parte, la garantía de irreductibilidad de los salarios judiciales consagrada por el art. 110 de la Constitu-ción Nacional es operativa y aplicable a toda circunstancia, siendo necesario y no eludible cumplimentar la ética de la verdad, más allá de todo rigorismo formal o error material que agreda esos presupuestos (Fallos: 314: 295).
14) Que, la interpretación de la Constitución debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente.Así, si bien esta Corte ha sostenido que debe respetarse la decisión clara y terminante del Congreso de la Nación de ejercer las funciones que el art. 75 inc. 11 de la Ley Fundamental le encomienda para "hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras" (Fallos: 324:3219), es nece-sario formular una adecuada exégesis de las leyes dictadas en tales términos que procure la armonía y equilibrio en la inter-pretación de la Constitución y evite que las normas constitu-cionales sean puestas en pugna entre sí, para lo cual se debe procurar dar a cada una el sentido que mejor las concierte y deje a todas con valor y efecto.
Con estas pautas, es necesario que, así como se verifica el respeto de las facultades que la norma citada de la Ley Funda-mental confiere al Congreso, ello se procure manteniendo incó-lumes los principios básicos del Estado republicano, indepen-dencia del Poder Judicial, y equilibrio de poderes que, siendo elementos intrínsecos al orden público constitucional, aportan sustento a la garantía de irreductibilidad de los salarios de los jueces.
15) Que, en consecuencia, con respecto a las leyes 23.928 y 25.561, escapa al control de constitucionalidad la ventaja, acierto o desacierto de la prohibición de indexar impuesta por las leyes federales aludidas, en miras a evitar que el alza de los precios relativos correspondientes a cada uno de los secto-res de la economía, al reflejarse de manera inmediata en el ín-dice general utilizado al mismo tiempo como referencia para re-ajustar los precios y salarios de cada uno de los demás secto-res, contribuya de manera inercial a acelerar las alzas genera-lizadas de precios. Sin embargo, no puede desprenderse de las leyes citadas la privación de las potestades de los estados lo-cales del legítimo cumplimiento de sus textos constitucionales, y del respeto de la garantía de incolumidad de las composicio-nes de los jueces, extensible conforme el art. 5 de la norma suprema, mediante mecanismos de recomposición salarial o ajus-tes remunerativos que permitan aportar consolidación fáctica y operativa a los principios constitucionales.
Es decir, la exégesis sistemática reclama que se concluya que las normas infraconstitucionales que constituyen un legítimo ejercicio de la potestad del Congreso de fijar la moneda en los términos del art. 75 inc. 11 de la Constitución Nacional no re-visten la entidad de impedir el legítimo ejercicio, por parte de los estados locales, de garantizar la irreductibilidad de los salarios de los jueces, en aplicación del art. 110 de la Constitución Nacional y la respectiva norma de la Constitución provincial.
Por ello, se resuelve declarar inoficioso el pronunciamiento del Tribunal sobre las cuestiones planteadas en el recurso ex-traordinario de fs. 301/313, y, sin perjuicio de lo resuelto en el decreto 15 del año 2004 de la Provincia de Entre Ríos, revo-car parcialmente la sentencia apelada, en cuanto no hizo lugar al reajuste de haberes conforme con lo dispuesto por las leyes provinciales 8069 y 8654. Costas por su orden en atención a la naturaleza de la cuestión debatida. Notifíquese y remítase. CARLOS S. FAYT.
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DISIDENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Autos y Vistos:
1°) Sin perjuicio de las precisiones que introduciré, comparto la reseña del proceso contenida en los considerandos 1° a 4° del voto de los doctores Petracchi y Maqueda.
2°) La demanda de amparo promovida por tres jueces permanentes del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos (STJER) tuvo por objeto que se ordenase al gobierno provincial el pago de los salarios adeudados (mes diciembre y segunda cuo-ta del sueldo anual complementario, ambos del año 2002) y que se les reconociese la actualización de sus salarios para con-trarrestar la disminución del poder adquisitivo de los salarios nominales fruto de la inflación operada en la economía nacional entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 (punto 20 del es-crito de demanda). Alegaron que la intensidad de la deprecia-ción de sus ingresos requería una corrección urgente "para man-tener en la provincia el principio de la irreductibilidad de las remuneraciones" (punto 21) que vincularon con los artículos 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos y 110 de la Constitución Nacional (punto 24).
La sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda y ordenó el pago de los haberes, "debiendo calcularse conforme las disposiciones contenidas en el anexo I de la Ley 8069 y previstas en el artículo 2° de la ley 8654". Debe puntualizarse que estas leyes son reglamentarias del principio de intangibi-lidad de las remuneraciones de los jueces de la provincia de Entre Ríos y la segunda de ellas establece los criterios para ajustar anualmente los sueldos cuando "el incremento acumulado del índice de costo de vida suministrado por INDEC, supere el 15%, contado a partir del 1 de diciembre de 1991".
El STJER, integrado por conjueces, revocó parcialmente la sen-tencia. Estableció la inconstitucionalidad de la ley local 8654 en cuanto ordenaba la actualización "por intangibilidad" de los salarios de los jueces provinciales. Como premisa, el tribunal afirmó que el procedimiento establecido en el artículo 2° de la ley 8654 era una pauta indexatoria que resultaba contraria a las leyes federales 23.928 y 25.561. A partir de esa inconsti-tucionalidad, el a quo negó que los actores tuviesen derecho a percibir cualquier tipo de compensación por la inflación que tuvo lugar entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002, por lo que su derecho alcanzaba tan sólo a la percepción del monto no-minal de sus salarios adeudados.
Luego de dictada esa sentencia, el gobernador provincial dictó el decreto 15/2004 del 5 de enero de 2004, mediante el cual de-claró "de legítimo abono e incorporadas al patrimonio de los actores, todas las sumas pagadas como consecuencia de las sen-tencias de primera instancia recaídas en las acciones de amparo enumeradas en el Anexo I", entre las cuales está la presente causa (artículo 1°). Además se instruyó al Fiscal para "desis-tir de los recursos deducidos en las actuaciones referidas en el artículo anterior y allanarse a las recurridas por la parte actora" (artículo 2°). En el artículo 3° se dispuso el pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre y segunda cuo-ta del sueldo anual complementario correspondientes al año 2003 "en base a los valores resultantes de la aplicación de las Le-yes 8069 y 8654."
3°) En lo que se refiere a la declaración de inconstitucionali-dad del artículo 2° de la ley 8654 cabe decir que no correspon-de a esta Corte revisar la interpretación que el tribunal pro-vincial ha hecho de esta norma, pues éste tiene la última pala-bra sobre el alcance del derecho local y es en función del sig-nificado así establecido que debería examinarse su concordancia o discrepancia con el derecho federal. Por otra parte, la sen-tencia se ha pronunciado en un sentido favorable a la vigencia de las leyes federales 23.928 y 25.561 y contrario a las normas locales —artículo 14, incisos 1 y 2 de la ley 48— (Fallos: 311:955 y 324:3219, considerando 4°, entre otros). Además, nin-gún derecho han fundado los recurrentes en una diferente inter-pretación de aquellas leyes federales —artículo 14, inciso 3° de la ley 48—. Por tal motivo, el recurso extraordinario fede-ral, en este aspecto, no debió concederse.
4°) No obstante, el STJER ha omitido establecer si la inflación ocurrida durante el año 2002 tuvo o no el efecto de alterar la intangibilidad de los haberes que perciben los jueces de la provincia, alteración que fue denunciada por los actores en su demanda y mantenida en el recurso extraordinario. En los funda-mentos de este último se habla de "haberes miserables", de una situación en la que las remuneraciones "no...permitan...una vi-da digna" —punto 39— y de que ellas deben ser decorosas y pro-porcionar a los jueces una vida estable —punto 42 y 43—. Tam-bién se calificó de "antojadiza" la afirmación introducida por uno los conjueces —Ruda— de que los sueldos permiten a los ac-tores llevar una vida decorosa —punto 51—.
El hecho de que el procedimiento adoptado por la ley provincial 8654 fuese considerado inconstitucional no equivale a decir, como parece haberlo entendido el STJER (con la posible excep-ción, por algunas consideraciones genéricas contenidas en sus votos, de los conjueces Pérez y Ruda), que los magistrados de-mandantes estuviesen a salvo del avasallamiento de una de sus inmunidades constitucionales, asegurada tanto por el artículo 156 de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, como por el artículo 5° de la Constitución Nacional.
En el precedente "Bruno" (Fallos: 311:460) esta Corte dejó sen-tado que: a) la intangibilidad salarial que las provincias ase-guren a sus jueces no tiene que ser necesariamente igual a la prevista en el artículo 110 de la Constitución federal para los jueces nacionales —considerando 19, en especial el segundo pá-rrafo—; b) de todos modos, las normas locales debían preservar "la sustancia" del principio —ídem— y c) correspondía decidir si en el caso la inflación había afectado o no la intangibili-dad de los haberes el juez demandante (considerandos 4° a 14) y, por lo tanto, debía reenviarse la causa a efectos de que el superior tribunal provincial se pronunciase sobre el punto (considerando 20).
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, y de las similitudes con el caso "Bruno" (en ambos se ha omitido deter-minar si ha habido o no una alteración de la intangibilidad de los salarios de los jueces), no corresponde adoptar ahora el mismo remedio. El reenvío y la eventual sentencia del STJER ca-recería de todo efecto concreto, en tanto el perjuicio denun-ciado, cualquiera haya sido su efecto sobre la inmunidad sala-rial de los jueces, se ha visto compensado de manera íntegra y definitiva por virtud del decreto 15/2004 dictado por el ejecu-tivo provincial. Es decir, el punto constitucional sobre el cual esta Corte podría solicitar, mediante reenvío, el pronun-ciamiento del STJER ya no tiene actualidad.
Por lo expuesto, es inoficioso pronunciarse sobre el agravio federal fundado en la afectación de la intangibilidad de los haberes de los recurrentes durante el año 2002; y ha sido mal concedido el recurso extraordinario vinculado con la declara-ción de inconstitucionalidad de la ley 8654 de la Provincia de Entre Ríos, motivo por el cual debe ser desestimado. Notifíque-se y devuélvase. CARMEN M. ARGIBAY.
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