jul
Durante una conferencia de prensa en sede del Colegio de la provincia de Santa Fe, Ariza y Salvador manifestaron la postura de magistrados y funcionarios. “Entendemos desde la Federación que debe provenir desde las fuerzas de seguridad provincial y desde la estructura provincial una determinación contundente para hacer cesar estos hechos que realmente al día de hoy, ya constituyen una provocación a todos los poderes del Estado”, declaró Ariel Ariza.
Además de mostrar el respaldo de la FAM al accionar del Colegio de Magistrados ante esta grave situación y manifestar la solidaridad a la última magistrada víctima de ataques, Ariza explicó que estos atentados no se producen en otras partes del país. “Cuando el Poder Judicial actúa con independencia y establece responsabilidades de distinto tipo, entre ellas las penales, muchas veces hay afectaciones de intereses o a bandas organizadas, y pueden esperarse algunas repercusiones. Pero un plan de acción sistemática de intimidación y amenazas de estas características no hay”.
Asimismo, el presidente de FAM anunció que llegará a la ciudad de Rosario el presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Walter Barone, “expresando no sólo la preocupación nacional sino también la regional por lo que está aconteciendo en nuestra ciudad”, remarcó Ariza.
“Las medidas que se tienen que adoptar son de acción coordinada de las fuerzas del estado para determinar quiénes son los autores y hacer cesar este tipo de intimidaciones. El resultado, independiente de las acciones coordinadas, tiene que ser que uno de los poderes del estado, como es el poder judicial, pueda desenvolver su labor de manera independiente y preservando la integridad de todos sus operadores”, agregó el presidente de FAM.
Por su parte, el presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe, Gustavo Salvador, manifestó: “Nosotros planteamos que es insuficiente el grado de análisis, de investigación y de definición de estos hechos. Esto lo ponemos de relieve porque consideramos que para que estos hechos no sigan sucediendo, hay que lograr el esclarecimiento. Yo creo que las autoridades tienen que asumir el rol que les compete a nivel provincial para tratar de que esto no vuelva a suceder”.
“Los jueces penales van a seguir cumpliendo su trabajo como lo vienen haciendo hasta ahora; no hay ningún atisbo de miedo ni temor con el camino que se ha emprendido de prestar el servicio de justicia. La puesta a disposición del Poder Ejecutivo en lo que hace a la seguridad personal de los magistrados, la está cumpliendo en lo que ellos prometieron. Nosotros no podemos seguir tolerando este nivel de amedrentamiento e intimidación por hechos que no pueden ser resueltos y que van más allá de una seguridad personal de los magistrados”, concluyó Salvador.