Domingo 25 de Julio de 2010
Bolivia: Oficialismo inicia contactos con jueces y magistrados
La Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados, inició la construcción del anteproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional que delimitará las competencias de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y la complementariedad que debe existir con la jurisdicción ordinaria, agroambiental y la especial, establecidas en la nueva Ley del Órgano Judicial, informó la oficina de comunicación de la cámara baja.
La presidenta de la Comisión de Justicia Plural, Cecilia Ayllón (MAS), informó que pese al receso legislativo, el proceso de elaboración de la norma está en “plena marcha” y, al momento, se trabaja en consultas con los pueblos indígena-originario-campesinos y con diferentes actores; entre ellos: la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Agrario, que aún están en vigencia en el país.
FOROS Y SOCIALIZACIÓN
“Ya se está trabajando en lo que es un anteproyecto, se está haciendo la socialización del mismo, en todo lo que son las comunidades originarias”, explicó la diputada.
De la misma manera, anunció que se realizarán entre fines de este mes y principios de agosto, foros nacionales e internacionales para validar el anteproyecto; evento en donde estarán presentes expertos en la temática indígena de Guatemala, Perú y Colombia.
Ayllón recordó que la propuesta en construcción no sólo contempla la delimitación de la justicia-indígena-originaria-campesina, sino también la complementariedad que debe existir con la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción especial.
“En definitiva, esta Ley de Deslinde Jurisdiccional va a marcar lo que es la armonización de estas jurisdicciones, la complementación de éstas y sobre todo, la colaboración y cooperación que debe existir”, agregó.
La Ley del Órgano Judicial contempla entre sus pilares fundamentales, el ejercicio de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. La normativa se constituye en la segunda Ley que promoverá procesos de cambios en las transformaciones estructurales en Bolivia y en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE).
