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Miércoles 19 de Agosto de 2009

Responsabilidad Disciplinaria de los Jueces




CONGRESO DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

(BUENOS AIRES – 18/19 DE AGOSTO DE 1998)

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA DE LOS JUECES


El Estado democrático de Derecho presupone  la existencia de una magistratura independiente, imparcial e inamovible. Pero, como necesaria contrapartida, tales principios y derechos requieren una actuación responsable del Juez. Constituciones modernas, como la española de 1978, así lo declaran en modo expreso: “la Justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley” (art. 117.1.). En ese orden de ideas el Tribunal Constitucional de España ha señalado que “la independencia tiene como contrapeso la responsabilidad” (Sentencia TC 108/1986 del 30/7/1986). Un actuar irresponsable, o sea donde la negligencia, el dolo o la incuria no tuvieran sanción alguna, es –por lo demás- incompatible con el propio sistema republicano de gobierno, de allí que la responsabilidad funcional está ínsita en el desempeño de cualquier función estatal. 

 
 La facultad disciplinaria en sentido estricto –o sea aquella que no conlleva la separación del cargo del magistrado o funcionario judicial- no ha sido siempre claramente reglamentada ni eficazmente ejercida por los órganos encargados de hacerla efectiva. Normalmente tal función de superintendencia ha estado a cargo de las cúpulas de los respectivos poderes judiciales y sólo en algunos textos constitucionales aparece conferida a los llamados “Consejos de la Magistratura” (Constitución Nacional reformada en 1994, Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Constitución del Chubut de 1994, en este último caso, sólo con facultades instructorias). Parte de la crisis de credibilidad que afecta al Poder Judicial debe ser atribuida a la falta de oportuna sanción de aquellas conductas que conspiran con la eficaz prestación del servicio de justicia. Incluso tal falencia ha motivado que algunas faltas que pudieron ser convenientemente advertidas y eventualmente corregidas en la ocasión debida hayan derivado, a la postre, en situaciones extremas y sin retorno, frente a las cuales la medida separativa se erigía como la única solución posible. La judicatura debe entonces reivindicar y reclamar el correcto ejercicio de las facultades disciplinarias por los órganos competentes, como modo de hacer efectivo el actuar “responsable” en la función que le incumbe. Pero, al mismo tiempo, resulta imprescindible fijar el marco y las reglas en que tales facultades deben ser ejercidas, sin arbitrariedad y otorgando al juez las garantías necesarias que impidan que por esa vía se afecte su independencia y se juzgue, no ya su conducta, sino su libertad y autonomía en la valoración del derecho y de los hechos sometidos a juzgamiento.

 Pretendemos en esta ponencia realizar un señalamiento de las diversas cuestiones involucradas en el ejercicio de las potestades disciplinarias sobre los jueces. Trataremos de señalar –en el marco de sistemas normativos heterogéneos- los principales problemas que se presentan con relación a su régimen disciplinario y a cuyo respecto se impone un imprescindible debate esclarecedor. Tal como ocurre en otros paises los propios jueces debemos analizar y sentar las bases de lo que debe ser  un verdadero Código de Etica de la magistratura argentina.

1) Las faltas disciplinarias: Si bien los tipos disciplinarios en función de los cuales se juzga la actuación de los jueces no se encuentran sometidos  a idénticos requisitos y limitaciones que los  que rigen para la sanción penal, la mayoría de las reglamentaciones vigentes, aún las mas recientes, se exhiben como imprecisas y generales a la hora de describir la conducta que se reputa reprochable.  En ese sentido la reglamentación del Consejo de la Magistratura Nacional (Leyes  24.937 y  24.939) y la que corresponde a idéntico organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 31) determinan, como pauta general a la que se subordinan las faltas específicamente enunciadas, que ellas refieran a “cuestiones vinculadas a la eficaz prestación del servicio de justicia” (arts. 4, primer párrafo y 32, respectivamente). Tal precepto, que pareciera establecer un principio hermeneutico general del régimen disciplinario, no guarda estricta correspondencia con algunas de las conductas eventualmente cuestionables en un magistrado, como lo son la falta de decoro o el trato incorrecto o desconsiderado a otros jueces, funcionarios judiciales o profesionales. Sólo en forma mediata tales faltas guardan vinculación con la “eficaz” prestación del servicio de justicia. De idéntica generalidad e imprecisión adolecen las referencias a las “faltas o negligencias en el cumplimiento de sus deberes”. Resulta también de difícil comprensión la referencia, contenida en ambas reglamentaciones citadas, a que la falta disciplinaria se configura mediando reiteración de las conductas que se describen (así, el incumplimiento “reiterado” de normas procesales y reglamentarias). Nos parece que –en ocasiones- el incumplimiento aislado de una norma procesal o reglamentaria puede revestir tal gravedad que justifique, por sí solo, la aplicación de una sanción disciplinaria, posibilidad aparentemente vedada por la norma reglamentaria en cuestión.

2) Prohibiciones e incompatibilidades: Una situación que debe ser debidamente contemplada es la que refiere al régimen de prohibiciones e incompatibilidades de los jueces. Deben al respecto buscarse parámetros uniformes en las reglamentaciones nacional y provinciales en relación a cuestiones comunes que hacen al estatuto personal del magistrado. El ejercicio del comercio, la participación en sociedades comerciales, la intervención en comisiones directivas de asociaciones civiles y en cooperativas, constituyen situaciones de eventual incompatibilidad que deben ser correctamente precisadas e individualizadas. Debe también tenerse en cuenta que, en razón de lo que disponen los reiterados proyectos de reforma al Código Civil –tanto los ya redactados como los en elaboración- es previsible la pronta unificación de la legislación civil y comercial. Ello importará la supresión de la categoría “acto de comercio” lo cual tendrá necesaria incidencia en los regímenes de incompatibilidad de los jueces, que aluden uniformemente al “ejercicio del comercio”. Habrá que especificar entonces cuáles son las actividades lucrativas permitidas y cuáles las prohibidas.  El ejercicio de la profesión en causa propia (o del cónyuge y parientes próximos) debe también contemplarse en forma uniforme. La actividad académica del Juez (como docente, consejero universitario, decano, vicedecano o rector) debe estar también conveniente reglamentada a través de un régimen que posibilite su perfeccionamiento científico pero sin afectar su labor jurisdiccional que presupone, en principio, una dedicación en exclusivo. Debe ratificarse la prohibición de los jueces de pertenecer a partidos políticos y sindicatos. En la línea de lo que dispone la Constitución Española debe, en cambio, reconocerse expresamente el llamado “asociacionismo judicial” o sea el derecho de los jueces a nuclearse en entidades que los representen y expresen sus inquietudes y opiniones respecto a la administración de justicia (Asociaciones y Colegios de Magistrados).


3) Las sanciones: El catalogo de sanciones que integran el llamado régimen disciplinario (en sentido estricto, o sea sin incluir la separación en el cargo) debe también ser unificado. Advertimos en ese sentido que algunos regímenes contemplan (como sanción de mayor gravedad) la suspensión en el cargo por un tiempo determinado (normalmente no mayor de 30 días). Tal alternativa no se encuentra prevista en las recientes reglamentaciones de los Consejos de la Magistratura (Nacional y de la Ciudad Autónoma), los cuales coinciden en señalar –como sanción de mayor gravedad- la multa (hasta un 30% de los haberes). Por debajo, se indican el apercibimiento y la advertencia (en la Ciudad Autónoma se incluye un escalón menor: la recomendación). En el derecho comparado encontramos previsiones sobre la caducidad o cancelación de las sanciones por el transcurso del tiempo (España, Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 y 16/1994, art. 427).

4) Garantías del afectado: La apertura del procedimiento disciplinario a los jueces y la eventual aplicación de sanciones exige que se garantice al afectado el derecho de defensa. A esos fines deberá reglamentarse un procedimiento que asegure tal derecho (a ser oído y a ofrecer prueba) y que incluso posibilite la designación de un defensor letrado (en Italia tal posibilidad no está permitida, ni aún para faltas graves, y sólo se autoriza la autodefensa o, en todo caso, la asistencia de otro magistrado –incluso jubilado-  de categoría no inferior al imputado).

5) Recursos: La posibilidad de impugnar judicialmente las decisiones del Consejo de la Magistratura que apliquen sanciones disciplinarias a los jueces resulta expresamente prevista en el art. 14, apartado C), Ley Nacional 24.937. Idéntico recurso no aparece contemplado, en cambio, para las decisiones del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma lo cual generará el previsible debate acerca de si igualmente procede su impugnación judicial (por ante el Superior Tribunal de Justicia). Con relación a la facultad disciplinaria ejercida por los Superiores Tribunales o Cortes provinciales existen precedentes y criterios doctrinarios en el sentido de admitir, aún a falta de previsión legal expresa, que las decisiones adoptadas en esa materia resultan igualmente impugnables, en sede contencioso administrativa (a través de un tribunal integrado por conjueces).

6) La dignidad y el decoro: Un tema de la mayor trascendencia y actualidad en la problemática vinculada al régimen disciplinario de los jueces es determinar, en los casos concretos, cuándo la conducta del magistrado es ofensiva al decoro de la función judicial o compromete la dignidad de su cargo. Ello presupone, por un lado, que no se trata de un hecho vinculado directamente a actos u omisiones imputables al magistrado en el desarrollo de su actividad específica, sino a su actuación extrajurisdiccional. También debe descartarse la eventual comisión de un delito doloso, supuesto que usualmente resulta subsumido en las causales de separación en el cargo (quedará por ver cuál es la sanción frente a delitos culposos). La hipótesis planteada se enmarca entonces en el difícil terreno de la esfera privada del magistrado –sometida a la máxima protección que determina el art. 19 de la Constitución Nacional- y en la necesidad de establecer si tales actos repercuten e influyen en su desempeño funcional, afectan lo que las reglamentaciones llaman “el decoro y la dignidad del cargo”.  Debe coincidirse en que las exigencias impuestas al Juez a ese respecto –en razón de las relevantes funciones que le competen  en orden a la aplicación de la ley y al juzgamiento de conductas ajenas- serán mayores que las requeribles a otros funcionarios estatales. Los propios regímenes de incompatibilidad le vedan conductas que para el hombre común no están prohibidas. Si bien la esfera íntima del magistrado debe estar preservada de toda injerencia, aún disciplinaria, la conclusión puede ser distinta cuando se trata de actos privados con repercusión pública o realizados fuera de aquel ámbito de intimidad. La índole y gravedad del hecho puede, entonces, justificar el funcionamiento de los mecanismos disciplinarios y la aplicación de sanciones, aún separativas.

7) El contenido de las sentencias: Otra cuestión que debe dejarse debidamente precisada es que los procedimientos disciplinarios en modo alguno pueden involucrar la independencia del Juez a la hora de expedirse en las causas que le toca intervenir. La libertad e independencia le está garantizada ya sea en lo que refiere a la conducción del proceso, a la determinación de los hechos probados, a la motivación de las sentencias y al sentido final del fallo. No obstante, dos interrogantes plantea este punto: si  son pasibles de sanciones disciplinarias la revocación o anulación por el vicio de arbitrariedad  o el  no acatamiento de pronunciamientos de tribunales superiores de carácter vinculante u obligatorio (plenarios). En cuanto a lo primero –arbitrariedad- y salvo que la circunstancia apuntada denote desconocimiento inexcusable del derecho, parece razonable pensar que ello no admite juzgamiento disciplinario. Lo segundo –no aplicación de jurisprudencia vinculante- sí puede ser objeto de sanción en atención a la dilación que ello produce en el proceso, con evidente perjuicio para las partes y para la “eficaz prestación del servicio de justicia”. 

8) Las “inspecciones”: Otro tema que debe ser reexaminado es el vinculado a las llamadas “inspecciones”, las cuales han integrado normalmente el ejercicio de la facultad de superintendencia y son  cumplidas por tribunales de Alzada o superiores con determinada periodicidad o en razón de anomalías concretamente denunciadasl. Los órganos que cumplen las funciones de Consejo de la Magistratura en Europa preven normalmente Salas o funcionarios específicamente afectados a tal tarea. Tal instancia –la inspección periódica- debe ser revalorizada y reglamentada a través de parámetros dirigidos a cumplir el objetivo inmediato y principal de evaluar y planificar el servicio de justicia en su conjunto, apoyar la magistrado en su tarea, determinar sus necesidades y corregir en tiempo oportuno las deficiencias eventualmente advertidas. Sólo mediatamente cabrá sancionar aquellas conductas y omisiones que, por su gravedad o reiteración, justifiquen recurrir al procedimiento disciplinario. El contenido de la Inspección debe ser así drásticamente modificado, incorporando criterios y estándares modernos de control de gestión y confiriendo relevancia secundaria al cumplimiento de las exigencias burocráticas impuestas al organismo de que se trate.


                         
                                       Enrique Máximo PITA
Director del Instituto de Estudios Judiciales (F.A.M.)
Vocal Cámara Apelaciones Civil y Comercial de Paraná (E.Ríos)


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