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En diálogo con el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la provincia del Chaco, Marcelo Gauna, analizamos la situación de la provincia luego de que las VI Circunscripciones Judiciales chaqueñas visibilizaran su reclamo en una masiva manifestación en sus ámbitos laborales el pasado viernes 25 de agosto.
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“Lamentablemente tengo que hablar de destrato institucional por parte del ejecutivo y de una pérdida estrepitosa del salario real”, manifestó Gauna. “La inflación crónica del país degrada el salario mes a mes, y la falta de readecuación de los salarios de funcionarios y magistrados provoca que se atente contra la garantía de intangibilidad de los salarios que establece la Constitución tanto provincial como nacional”, agregó el magistrado.
"Somos respetuosos de la institucionalidad y al haberse agotado los canales de diálogo, sin respuesta positiva, se decidió recurrir a la Justicia. Hace 18 años que venimos litigando llegando incluso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con la causa conocida como “Alonso de Martina”.
La CSJN reconoció la violación de la garantía de intangibilidad en Chaco y ordenó que se reestablezca esa garantía. El Tribunal Superior de Justicia intimó a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Provincia del Chaco, a que se reestablezca la garantía de la intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios a través de la recomposición de los salarios, mediante un mecanismo que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial, impidiendo que en adelante y hacia el futuro se produzcan nuevos desfasajes que importen una nueva violación a la garantía mencionada.
En el año 2021 se aprobó la Ley de Garantía de Intangibilidad en la provincia (Ley 3424-A), que estuvo 8 meses sin ser cumplida. Se tomó como regla de aplicación el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indica una media nacional que publica la Federación Argentina de la Magistratura, para establecer paridades en remuneraciones entre jueces de diferentes provincias, aproximándose a esta media nacional.
“Cuando finalmente se logró la ley, era un calvario reunirnos. En todas las reuniones, hubo compromisos verbales por parte del Ejecutivo que no se podían firmar y luego eran desconocidos sistemáticamente”, explicó Marcelo Gauna.
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En febrero de este año el ministro de Economía y el Gobernador de la provincia, se comprometieron con los ministros del Superior Tribunal de Justicia a no esperar readecuar los salarios cada 6 meses para equipararse con la "media regional" -como indica la ley- ya que la inflación produce necesariamente que deban acortarse los plazos. Pero luego esa promesa no se concretó.
"El 14 de julio se firmó un compromiso que en agosto íbamos a recibir un "adelanto" de recomposición salarial del 10% de piso. Ocurrió una devaluación importante de más del 20% y sin embargo el gobernador sale a anunciar una recomposición del sector público del 8% en agosto que, en lugar de sumarse al 10% acordado antes de la devaluación, ahora dicen que, para el Poder Judicial, eso ya está incluido dentro del 10% establecido como piso. Es un despropósito”, dice el presidente de la Asociación de Chaco.
“Nuestra expectativa es tener una equiparación trimestral con la media regional para este año y el próximo la media nacional. Tengamos en cuenta que en Chaco cobramos entre un 45 y un 50% menos que magistrados y funcionarios de Corrientes. Y si nos comparamos con colegas de Santa Fe, percibimos un 75% menos por la misma tarea de impartir justicia”, precisó Marcelo Gauna.
“Nuestro conflicto es puramente económico y con la certeza de que perjudicar nuestros salarios es atentar contra la independencia del Poder Judicial. Formamos parte de una Comisión Técnica junto al Ejecutivo para analizar como podemos llegar a la media nacional, y en esa misma comisión nos enteramos informalmente que ni siquiera llegaremos a la media regional o a igualar la inflación. Esto nos llevó al multitudinario reclamo del viernes 25 de agosto”, narró Gauna.
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Cómo sigue el conflicto
"Nuestros representantes, que son los ministros del STJ, tienen que ponerse firmes ante el Poder Ejecutivo, mientras tanto seguiremos en este estado de alerta y reclamos, y en última instancia retomaremos el camino de las acciones judiciales, que son nuestra herramienta fuerte, pero claramente son más onerosas para las arcas provinciales”, concluyó el presidente de la Asociación de Magistrados de Chaco.
En paralelo al conflicto
La Asociación está buscando una solución integral ya que aquellos que iniciaron la acción de amparo van a poder cobrar un monto adicional en sus haberes mensuales, embargando las cuentas provinciales, pero esa situación deja por fuera a aquellos que no iniciaron las acciones judiciales.
