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Se desarrolló en Catamarca la 126° Asamblea Extraordinaria de la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), organizada en coordinación con la Asociación de Magistrados de la provincia, en la que se abordaron las realidades de los Poderes Judiciales provinciales, se compartieron experiencia sobre el afianzamiento del sistema de Justicia y, la presidenta de la FAM, Marcela Ruiz, puso énfasis en la seguridad en el ejercicio de la magistratura, en los edificios judiciales y en las garantías con las que se debe contar.
“Cuando se habla de la independencia del Poder Judicial y de muchas cuestiones que tienen que ver con esa independencia, en general la sociedad piensa que es solamente en beneficio de la magistratura y de la función judicial. La máxima garantía que tiene la ciudadanía es que cuando acuda a la Justicia en búsqueda de respuesta, su demanda sea atendida por un juez independiente, imparcial, que no tome parte. Ésa es una garantía que está destinada exclusivamente a la ciudadanía”, explicó Ruiz.
La magistrada señaló que las presiones pueden venir del poder político, del poder económico o de determinados grupos. “Son intentos para que las respuestas que se den no sean las adecuadas”, comentó.
A la vez, en relación con la seguridad, a lo largo y ancho del país, muchos magistrados y funcionarios son amenazados hacia su vida y hacia su familia, contó. También hay amenazas hacia edificios, aclaró. “Hace poco, hubo hackeos a los servicios operativos de dos provincias. Se trata de ataques físicos y virtuales y amenazas de ataques, que provienen desde distintos lugares. Una de las banderas que defendemos es la independencia judicial, pero hay otras que van de la mano; uno de nuestros objetivos es velar por la seguridad de la magistratura y la función judicial del país.
Se están haciendo relevamientos en todos los edificios del país y las diferencias son notorias. Hay provincias en donde en los edificios hay scanners y en otras no; tienen detectores de metales y en otras no; tienen protocolos de ingreso y en otras no. Cuando la magistratura toma decisiones debe tener garantías para tomarla en absoluta libertad. Las amenazas a un juez o a un fiscal no es solo un atentado al servicio de Justicia sino también al sistema republicano de gobierno, a la institucionalidad. Es una amenaza a uno de los integrantes de los tres poderes del Estado. Tiene relevancia”, consideró.
Entre las primeras actividades, los referentes de la FAM se encontraron con autoridades provinciales. En primer término, fueron recibidos por el vicegobernador Rubén Dusso. Luego, se reunieron con los ministros de Justicia de Catamarca. Marcela Ruiz valoró el encuentro con las autoridades locales, y afirmó que “enriquece mucho nuestras miradas. Somos otro Poder del Estado y es importante que haya diálogo interinstitucional e inter-poderes. Ese diálogo entre Poderes va a enriquecer a los tres Poderes del Estado y va a operar en beneficio de la sociedad, los destinatarios de nuestro trabajo”.
