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La asamblea general extraordinaria convocada por el Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, aprobó por unanimidad modificaciones al estatuto que amplía derechos y consagra la paridad de género, el pasado 22 de junio reunidos en la ciudad de Villaguay.
Luego de las fundamentaciones sobre los puntos incluidos en el proyecto vertidas por la presidenta de la Asociación, María Gabriela López Arango, se resolvió modificar el nombre de la entidad: Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Entre Ríos, definido así en razón de la perspectiva de género.
También el debate se centró en la consagración de la paridad de género en el órgano de gobierno –Consejo Directivo-; la incorporación de derechos para el estamento de jubilados y jubiladas; el mecanismo para la selección de los y las representantes ante el Consejo de la Magistratura; la modificación de las reglas para formar parte de la Asociación, ampliando las posibilidades por las nuevas realidades del Poder Judicial; la fijación de reglas para la incorporación de las personas que se empleen en la Asociación y para el mecanismo de vinculación de quienes trabajen en relación de dependencia para esta entidad; la creación del Centro de Estudios Judiciales y la posibilidad de crear un Tribunal de Ética, entre otros.
En materia de paridad de género, se aprobó que el Consejo Directivo deberá estar compuesto por un número igual de hombres y mujeres, en pos de la igualdad real de oportunidades conforme el artículo 17 de la Constitución de Entre Ríos. Esta igualdad implicará que al menos una mujer alternará presidencia o vicepresidencia -indistintamente-; y al menos una desempeñará una secretaría. También se aplicará para los representantes ante el Consejo de la Magistratura.
En lo que respecta a los socios jubilados y socias jubiladas, se acordó su incorporación al Consejo Directivo, a través de un representante electo en los comicios de autoridades por sus pares. Asimismo, se estableció que abonarán una cuota social reducida en un 30 por ciento para quienes se encuentran en actividad y que mantendrán los mismos derechos que los activos, con excepción del voto en las asambleas extraordinarias.