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La Mesa Ejecutiva de Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), frente a un nuevo atentado con armas de fuego a una dependencia judicial de la ciudad de Rosario, exhorta a las autoridades correspondientes a asumir con mayor contundencia y eficacia la seguridad de las oficinas judiciales y evitar que sean elegidas como soporte de mensajes intimidatorios para la judicatura y la sociedad toda.
El Centro de Justicia Penal de Rosario, provincia de Santa Fe, fue baleado en la madrugada de ayer, sumándose a catorce episodios anteriores, que tuvieron a integrantes del Poder Judicial –fiscales, magistrados y magistradas- como destinatarios de presiones y mensajes intimidatorios.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial se ha manifestado públicamente en cada una de esas oportunidades señalando que “la sucesión de atentados de características similares solamente puede ser interpretado como una provocación a las autoridades estatales y una demostración de poder e impunidad por parte de los autores.
Estas acciones extorsivas han traspasado límites que las instituciones no pueden permitir que sean vulnerados. La reacción estatal debe activarse antes de que se produzcan consecuencias irreversibles. El Estado tiene la obligación de velar por la imparcialidad y la independencia de los magistrados, preservadas de presiones de cualquier naturaleza y origen; y los ciudadanos tienen el derecho a contar con esas garantías. Por ello deben impedirse estos ataques extorsivos que, a partir de la sucesión de hechos violentos de los últimos años, ya pueden ser considerados previsibles”.
La FAM se pone a disposición del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe y de las autoridades gubernamentales para colaborar en la superación de esta grave situación.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 19 de agosto de 2021.
Ariel Ariza, presidente FAM
Omar López, secretario FAM