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La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial trabaja por la defensa de la independencia judicial y el mejoramiento de la justicia desde hace más de 50 años, atravesando coyunturas, crisis económicas y, en este momento, en el contexto mundial de la pandemia de Covid -19. Más que nunca, en este año 2021 la labor de FAM y de los Colegios y Asociaciones que la componen se orienta a la protección de los derechos y garantías de las ciudadanas y los ciudadanos; a resguardar de manera más efectiva la independencia judicial; a mejorar el desempeño y la calidad de respuesta de los sistemas de justicia y garantizar la vigencia plena de la Constitución Nacional y los Derechos Humanos.
Femicidios y violencia hacia las mujeres. La gravedad y dimensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en Argentina obliga a priorizar radicalmente la inmediatez y accesibilidad de los canales para que las respuestas judiciales puedan contribuir a erradicarla. Existe una amenaza real que genera consternación y angustia. Las políticas hacia dentro y hacia fuera del sistema de justicia deben revisarse y de manera interdisciplinaria, a los fines de lograr una interrelación entre los diversos integrantes de todos los poderes del Estado, para permitir una respuesta integral al flagelo.
Deben revisarse los mecanismos de comunicación de denuncias de violencia y de coordinación de las respuestas por parte de los órganos de la administración de justicia y los ministerios públicos y unificarse los criterios de valoración para darles la máxima prioridad. También urge redoblar los importantes esfuerzos en marcha para capacitar a las y los operadores de los sistemas judiciales en perspectiva de género, en el marco de la Ley Micaela.
Observando las demás políticas públicas relacionadas con este problema estructural, debe exigirse que se dote a los poderes judiciales de una estructura adecuada a la cantidad y complejidad de los casos. Urge analizar si la estructura existente es apta para garantizar la calidad de la respuesta ante el recrudecimiento de la violencia en el marco de la pandemia.
Los instrumentos para actuar frente a estas denuncias también deben ser revisados, porque la problemática cambió aceleradamente y es necesaria una adecuación procedimental brindando información suficiente y adecuada a la sociedad sobre los mecanismos existentes para acceder a la justicia.
Independencia Judicial y sistemas de justicia provinciales. La solidez y calidad de la función judicial depende de modo directo de la garantía de la independencia judicial en todo el país.
En este sentido, el primer paso lo constituye el fortalecimiento de la independencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como garante último del Estado de Derecho, como se señaló en el documento presentado por FAM al Consejo Consultivo creado por decreto P.E.N. 635/2020. En el mismo sentido, hemos asumido el compromiso de realizar todas las acciones necesarias para el fortalecimiento de los Superiores Tribunales y Cortes de Justicia de cada una de las jurisdicciones.
Como marco de evaluación de los discursos públicos respecto de decisiones jurisdiccionales y las actuaciones judiciales, cabe separar los disensos de las descalificaciones y avasallamientos. Los primeros forman parte de la crítica indispensable para el mejoramiento de la actividad de los Poderes del Estado en una sociedad democrática, incluso cuando provengan de una autoridad pública.
Algo muy distinto es pretender descalificar a un integrante de la magistratura, amenazar con la promoción de jurys, promover la sanción mediática, etc. son acciones que generan en cambio deslegitimación y debilitamiento de los sistemas judiciales.
Garantías de la independencia judicial. La inamovilidad y la intangibilidad son cimientos de la independencia judicial. En los últimos años, por distintas vías, las retribuciones de las y los magistrados y funcionarios sufren un proceso de erosión que afecta la garantía de intangibilidad, de rango constitucional. Las modificaciones al sistema previsional y de Ganancias se enmarcan en este proceso de deterioro de las remuneraciones.
A lo largo del año 2020 en el contexto de crisis sanitaria se produjeron, y persisten en este 2021, debilitamientos en las políticas y sistemas retributivos que fueron alcanzados por contextos de todo tipo de reducciones, suspensiones y afectaciones a la intangibilidad. El documento de FAM “Crisis sanitaria, económica y social y necesidad de fortalecimiento institucional” del 27.7.2020, refleja esta situación de deterioro. Se mantendrá el curso de acción dirigido al establecimiento de un Fondo Compensador Estructural y Salarial que permita incluir a todas las provincias argentinas en parámetros retributivos adecuados a la media nacional, lo que durante 2020 fue requerido en el ámbito del Senado de la Nación como así también ante el Consejo Consultivo creado por el P.E.N.
Constituye una prioridad de la FAM sostener las acciones judiciales que se han planteado cuestionando la constitucionalidad de las modificaciones al régimen previsional incorporadas por la ley 27.541. Es relevante el seguimiento de las posibles modificaciones a las pautas de movilidad que serán analizadas en consonancia con los planteos de inconstitucionalidad ya en curso.
Eficiencia en la gestión y acceso a justicia. El contexto pandémico, que impactó fuertemente sobre la gestión jurisdiccional al restringir, de manera más o menos permanente, el acceso a las oficinas judiciales y a los tribunales. Las asociaciones y colegios que integran la FAM reaccionaron aportando recursos para la compra de insumos necesarios para realizar teletrabajo y sostener las medidas de higiene y prevención sanitaria. También profundizaron la coordinación y el apoyo a los Superiores Tribunales y Cortes locales y con las y los abogados de la matrícula.
Apenas decretada la ASPO se tomó nota del severo impacto negativo que tiene sobre el trabajo y los ingresos de las y los abogados. A lo largo de todo 2020 se trabajó junto a la abogacía organizada en la adecuación de procesos para sostener el máximo nivel de actividad posible y facilitar el trabajo en soporte digital y de manera remota.
El ejercicio de la función jurisdiccional y de la abogacía requiere en este año 2021 la adopción de tecnologías en forma más intensiva a partir de la pandemia lo que lleva a una necesaria evaluación de las condiciones tecnológicas existentes y su impacto. Corresponde brindar apoyatura a todas las iniciativas que lleven reforzar la tarea que los sistemas judiciales están cumpliendo a lo largo de esta crisis sanitaria. En este sentido se adoptará una dinámica comunicación e interacción con instituciones que hacen de manera directa al interés de la comunidad jurídica particularmente en lo que tiene que ver con la relación con las Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (JU.FE.JUS) como así también con los Colegios de Abogados de todo el país (F.A.C.A.).
Constituye una política de FAM, de primer orden, la defensa de la carrera judicial y de las y los secretarios judiciales. Se buscará consolidar los espacios de intervención y elaboración conjunta de políticas para el funcionariado como así también adaptar las propuestas de formación al contexto existente.
Estas ideas y principios sostienen nuestra actividad a diario en la construcción de una justicia más cercana, más humana para nuestra República.
Junta de Gobierno de F.A.M.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 12 de febrero de 2021