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Dialogamos con Andrea Castagnola, politóloga, durante la presentación de su investigación “Mujeres, Poder y Justicia: El efecto de las normas y las instituciones de género como herramientas para promover la incorporación femenina en las Cortes Supremas y Constitucionales de América Latina”, en el marco del XV Congreso Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio Público de la Federación Argentina de la Magistratura realizando en San Juan los días 29 y 30 de junio.
¿Por qué estudiar el acceso de las mujeres a los poderes judiciales en América Latina?
Porque la verdad es que son muy pocas y uno de los pilares fundamentales de las democracias representativas es la pluralidad y la representación de los diferentes grupos de las sociedades. Las mujeres conforman uno de los grupos que están en desventaja en la representación en las Cortes Supremas y en Tribunales Constitucionales en América Latina. Uno de los datos que arroja la investigación es que desde 1990 hasta el 2021 el 23% de los asientos en las Cortes de América Latina fueron ocupados por mujeres y durante ese período sólo el 10% fueron presidentas de las altas Cortes. Tenemos acá un problema bastante fuerte de déficit de representación de las mujeres en los ámbitos de mayor importancia de toma de decisión de los poderes judiciales.
Si comparamos los diversos países: ¿Cómo es la situación?
Hay países que están mucho mejor en materia de representación numérica. Lo que vemos acá es paridad numérica de mujeres, lo que no implica el estudio del impacto sustantivo de la presencia de mujeres ni tampoco la efectiva integración de estas pocas mujeres que llegan a los ámbitos de poder. En América Latina están en mejor paridad Venezuela, Ecuador y Bolivia y esto se produce básicamente porque en esos países tienen garantizada la paridad de género en sus textos constitucionales.
En Argentina tenemos tuvimos dos mujeres en la Corte Nacional, y hoy es uno de los países de América Latina que no tienen ni una sola mujer, con lo cual estamos en la Lista Roja y esperamos que en la brevedad pueda ser subsanada esa situación, pero es un tema pendiente estudiar la incorporación de las mujeres en los tribunales de las distintas provincias.
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¿Qué otros aspectos descubrieron en la investigación?
Dos cosas que puntualmente investigamos en este trabajo. Primero si lo marcos legales promueven la incorporación de mujeres en los poderes judiciales, o sea si existen leyes, decretos, resoluciones o en la misma Constitución que tengan un efecto positivo sobre la incorporación de mujeres. Por otro lado, estudiamos si las instituciones judiciales poseen áreas de género, por ejemplo, oficinas de la mujer -cada país lo llama diferente- y si esas áreas tienen un efecto positivo en promover la participación de las mujeres en los poderes judiciales. ¿Qué encontramos? Que la calidad normativa, esto es tener marcos regulatorios precisos y claros, favorecen y promueven la incorporación de más mujeres en los poderes judiciales y en las altas Cortes. ¿Y qué encontramos sobre las instituciones judiciales de género? Que la gran mayoría de estas instituciones en América Latina no se focaliza en promover la participación de mujeres dentro del Poder Judicial, sino que están fuertemente focalizadas en proveer el acceso a la justicia a mujeres que son víctimas de violencia de género. Entonces, estas instituciones no cumplen la función de promover garantizar el acceso de mujeres a los ámbitos de poder judicial, lo que nos lleva a concluir que la mera existencia de estas instituciones de género en los poderes judiciales que no tengan un foco en esta acción de promoción no generan ningún impacto. Lo que deberíamos hacer ahora es apropiarnos de estos espacios que existen para promover la participación de las mujeres en los ámbitos de toma de decisiones.
Cuando te hablan de reformas judiciales feministas que están tan en boga, por lo menos en Argentina. ¿Qué reflexión te despierta?
Me parece que esté en agenda ese tema es importante. Pero la mayoría se queda en la representación numérica. Algo que podemos aprender de los estudios legislativos es que el tema de paridad de género en los Congresos no viene sacando varios años de ventaja, inclusive cuando existe paridad de género en muchos congresos, las mujeres igual están marginadas de los ámbitos de poder. Entonces, tener mujeres no necesariamente implica algún impacto y que puedan acceder a esos ámbitos de poder. Con este aprendizaje deberíamos empujar algún tipo de reforma un poco más sofisticada para que las mujeres no solamente lleguen a los poderes judiciales, sino que lleguen a los lugares de poder y que tengan la capacidad efectiva de ejercer su derecho y su poder en esos ámbitos.
En Argentina hay muchas mujeres juezas que llegan a Presidentas de sus Colegios y Asociaciones en sus provincias, incluso alcanzar a ser camaristas, pero no a las Cortes. ¿Crees que hay alguna cuestión de las propias mujeres que impide el acceso, o es el sistema cultural patriarcal el que lo impide?
Yo no creo que sea algo de las mujeres, sino que tiene que ver con la integración. Cómo integramos a las mujeres que llegan a los ámbitos de poder y como esos ámbitos se empiezan a desmasculinizar. Hay muchas prácticas informales que terminan afectando justamente que las mujeres lleguen a esos ámbitos de toma de decisión. Me parece que es cultural, que es un aprendizaje, que es un proceso en el cual lleva tiempo y requiere esfuerzo de ambas partes.
El proyecto presentado fue financiado por la Fundación Konrad Adenauer dentro del Programa Estado de Derecho para América Latina. Es la segunda fase de investigación que llevó dos años de trabajo y finalizaron en marzo de este año.
Andrea Castagnola es politóloga, egresada de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), Centro de Derecho y Transformación Social (CMI-Noruega) & Consultora en justicia, estado de derecho y transparencia para el Banco Mundial, BID y PNUD.