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El presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados, Walter Barone, inauguró la 68° Asamblea Anual de la entidad reafirmando la lucha de las asociaciones de magistrados por la independencia y contra la corrupción.
Barone estuvo acompañado por los anfitriones de la Asamblea, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), presidente Ariel Ariza, y a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por Marcelo Gallo Tagle. Además participó el gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, la intendenta de la ciudad de Rosario, Mónica Fein, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, María Angélica Gastaldi, y el ministro de Justicia de Santa Fe Ricardo Silberstein.
Ante el auditorio colmado de magistrados de cada uno de los países de América Latina representados por la FLAM y de sus colegas argentinos representantes de magistrados y funcionarios de las provincias argentinas, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la justicia nacional, Walter Barone reflexionó: “¿Sigue siendo necesario defender a la independencia judicial en Latinoamérica?. La respuesta lamentablemente es sí, y más que nunca. Por qué digo eso, porque el ataque a la independencia judicial continúa ocurriendo en nuestra región, a pesar del esfuerzo que hacemos desde nuestras Asociaciones y con el apoyo de la FLAM. Esos ataques ocurren de múltiples maneras: pueden ser atentados y amenazas contra la integridad física de nuestros jueces y juezas, como recientemente ocurrió en Brasil, en México, en Colombia y acá, en la bella y tranquila ciudad de Rosario, donde estuve el año pasado para hablar de protocolos de seguridad a solicitud del Dr. Ariel Ariza, porque algunos colegas rosarinos habían recibido ataques presumiblemente porque estaban decidiendo en procesos relativos a bandas criminales”.
“Pero la independencia judicial también se ve afectada por otro tipo de ataques como por ejemplo cuando no se respeta la garantía de inamovilidad del juez y se les impone traslados inconsultos en base a procesos disciplinarios sin debido proceso, la falta de autonomía financiera del poder judicial en muchos de los países de Latinoamérica, la falta de implementación de una carrera judicial, los regímenes jubilatorios que no garantizan una jubilación digna a los jueces y juezas. Por fin, me gustaría recordar a colegas que son sancionados sólo por el contenido de sus fallos, como sucedió en Venezuela, que incluso no pertenece a la FLAM porque los jueces allí tienen prohibido asociarse”, explicó Barone.
El presidente de FAM, Ariel Ariza destacó la relevancia institucional de la Asamblea FLAM y “el compromiso diario en la defensa de la independencia judicial”. “Tenemos la tarea honrosa de representar a los colegas que integran los poderes judiciales y permitir que se consolide su trabajo cotidiano. Lo hacemos en contextos de cambio, en contextos de reformas, de modificación de las dinámicas sociales constantemente, de crisis de la representatividad, de incorporación de nuevas tecnologías, de políticas comunicaciones que tenemos que llevar adelante, de contacto con los medios de comunicación, de políticas que van adquiriendo jerarquía en nuestras asociaciones como es la incorporación y la defensa de la perspectiva de género”, enumeró Ariza resaltando el trabajo de los integrantes de los poderes judiciales jurisdiccionales.
A continuación, Marcelo Gallo Tagle, presidente de la AMJN centró su alocución en las pretendidas injerencias al trabajo del juez y en las asimetrías e inequidades salariales que se encuentran reclamando la FAM junto a la Justicia Nacional y a la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS).
“Forzoso resulta recordar que el respeto a la independencia judicial implica comprender que es incompatible pretender dar o intentar dar órdenes o instrucciones de cualquier tipo al juez. También los medios de comunicación social eventualmente pueden resultar una injerencia en la independencia judicial cuando buscan imponer o influir en el contenido de las resoluciones judiciales en condiciones que exceden el legítimo derecho de libertad de expresión o información. Estoy convencido de que los magistrados sabrán actúa con la templanza y prudencia que su investidura impone, sin temor ni cobardía, al momento de tomar decisiones porque estamos todos regidos por la Constitución y las leyes, y a ellas estamos subordinados. Pero siempre hemos hablado de la soledad en la que se ejerce nuestra función y por ello la necesidad imperiosa del asociacionismo. No podemos olvidar que han existido algunos casos en que se ha violado incluso el reconocimiento a la libertad de la asociación profesional y de formar parte de asociaciones de jueces como las que aquí nos nuclean. Aunque parezca innecesario, es del caso destacar que el respeto por estos principios resulta más que un derecho para el magistrado, una garantía para el justiciable”, afirmó Gallo Tagle.
“Otro recaudo que hace a la independencia judicial es la remuneración del juez, la cual debe ser suficiente, irreductible y acorde con la importancia de la función que desempeña. Junto al Dr. Ariel Ariza nos reunimos con la JUFEJUS por las asimetrías salariales que, en algunos casos, ya comprometen ampliamente las necesidades mínimas para el ejercicio de la magistratura y las actividades de los funcionarios y empleados de los poderes judiciales. Hay que recordar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el expediente CSJN, FALLOS:329:385, donde en el voto de los Dres. Ricardo Lorenzetti y Eugenio Zaffaroni, dice: La división de poderes es un principio que debe ser asegurado en toda la Nación y ello implica que los jueces tengan ingresos dignos, para que los mejores hombres y mujeres sean los que sientan interés en servir a la justicia y a los ciudadanos. Una compensación indigna o demasiado alejada de los promedios nacionales alejará a los jueces de sus cargos y consagraría una remoción indirecta, con palmaria afectación de las instituciones republicanas, lo que es constitucionalmente inadmisible en un estado de derecho”, manifestó el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
A su turno, el ministro de Justicia de la nación, Germán Garavano, habló sobre la independencia judicial y los niveles de desconfianza de la sociedad hacia los poderes judiciales. “Creo que es un desafío de nuestra época lograr que los jueces sean independientes, y esto muchas veces se contrapone con la desconfianza que la población tiene del sistema de justicia. En nuestros países los niveles de aprobación sobre el desempeño de la justicia son realmente bajos. Eso es lo que lamentablemente a veces habilita y genera avances sobre la independencia judicial. Así hay quienes postulan la posibilidad de generar examinaciones de los jueces cada 5 años, a quienes proponen de nuevo puestas en comisión de jueces, todas cosas que sabemos que buscan avanzar sobre la independencia de los jueces. He visto numerosos abusos en numerosas jurisdicciones. Una de las más utilizadas tiene que ver con los jueces subrogantes o los jueces interinos, o los jueces en comisión, o los jueces sometidos a revisión. Lo he visto en el Perú de Fujimori, lo he visto en la Venezuela de Chávez, por nombrar tan sólo dos ejemplos recientes”.
Luego de enumerar algunas acciones del gobierno nacional, el ministro afirmó: “Lo que garantiza la independencia de los jueces es el ejercicio de su cargo, el hecho de que hagan cumplir la ley y que generen garantías en la población es la mayor garantía de la independencia judicial, el recto cumplimiento de los jueces en su tarea es garantía de la independencia judicial, no hay otras garantías”.
Cabe recordar que la Asamblea Anual de la FALM es uno de los acontecimientos anuales más importantes para los magistrados de Latinoamérica, durante el cual se analiza la situación actual de los Poderes Judiciales de los países representados, se examinan las denuncias sobre vulneraciones a la independencia judicial, y se revisan los hechos que impiden el ejercicio soberano de juzgar acontecimientos capaces de quebrantar la debida seguridad jurídica y el funcionamiento de los Estados.
En esta ocasión están participando hasta el 1 de mayo las delegaciones provenientes de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Asimismo, asistirán delegaciones de España y Portugal (Grupo IBA) e importantes figuras del quehacer jurídico, político y social.
Se encuentran presentes los Colegios y Asociaciones de CABA, Buenos Aires, La Rioja, Córdoba, Chaco, Chubut, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes, Salta y Tucumán.