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La visita internacional recibida el lunes 20 de agosto pasado por el presidente de FAM, Ariel Ariza, la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, María Lilia Gómez Alonso, y el presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Gustavo Salvador, incluyó 48 horas de visitas institucionales, actos de solidaridad con los jueces y funcionarios rosarinos que sufrieron atentados, presentación del protocolo de seguridad brasileño, conferencias de prensa y entrevistas en medios locales y nacionales.
Gómez Alonso, Ariza, Salvador, Barone, Cerqueira Bremer
Además, la FAM rubricó un convenio de cooperación y asistencia con la Associação Dos Magistrados Brasileiros (AMB), que prevé el intercambio cultural y científico sobre las diferentes áreas de conocimiento, especialmente las más relevantes para el gremialismo, formación y perfeccionamiento de magistrados/as y jueces/as y del servicio jurisdiccional.
"Lo que está pasando con los jueces bajo intimidación pública es una novedad para la Argentina, por ello tiene que existir una réplica institucional inmediata contra la criminalidad organizada. El momento para actuar es ahora, cuando el fenómeno empieza a surgir, porque si permitimos que estos ataques se consoliden los que van a quedar indefensos no son algunos jueces sino la ciudadanía en general", manifestó Walter Barone, presidente de la FLAM, reflexionando sobre los 16 atentados contra jueces e investigadores rosarinos que se vienen sucediendo desde el 29 de mayo pasado y comparando la situación Argentina con el resto de América Latina.
“Tenemos varios casos en Latinoamérica de jueces amenazados por su labor, y sabemos que acá en Argentina estos hechos son novedosos. En Brasil, por ejemplo, fueron 110 los jueces amenazados, la mayor parte de primera instancia, y lamentablemente tuvimos colegas que fueron asesinados”, precisó Barone.
A propósito, en el año 2011 la jueza Patricia Acioli, reconocida por actuar contra vendedores de droga en la zona de Sao Gonçalo, vecina a Río de Janeiro, fue asesinada a balazos luego de haber recibido amenazas de muerte en cuatro ocasiones. También es notorio el caso del juez federal Odilón de Oliveira, que vive hace 16 años con cuerpos de escolta de la policía militar, tras haber metido en la cárcel a cientos de narcotraficantes por delinquir en la frontera de Brasil con Paraguay y Bolivia, a la vez que ordenar decomisos millonarios de sus bienes.
Por su parte el presidente de la FAM, Ariel Ariza, destacó el apoyo internacional y nacional a los jueces y funcionarios amenazados: “Estamos hablando de independencia judicial, de democracia y de Estado de derecho. La situación de Rosario excedió los límites de la provincia de Santa Fe y se hizo una preocupación nacional y regional, por eso debo mencionar el apoyo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, y finalmente la presencia de Walter Barone trayendo a la Argentina el apoyo de la Federación Latinoamericana de Magistrados".
Gustavo Salvador, presidente del Colegio de Magistrados de Rosario, explicó: “Existe una forma de criminalidad distinta, un cambio de paradigma que debe ser abordado con una metodología diferente a la que estamos acostumbrados. En eso estamos trabajando, y por eso queremos aprender el protocolo de seguridad de Brasil para estudiarlo y adecuarlo a nuestras necesidades. Pero quiero destacar que para enfrentar esta situación inédita debemos estar unidos, incluso con otros poderes del Estados. Por eso, destaco el involucramiento del gobernador Miguel Lifschitz en esta situación, y celebro el apoyo de la FAM y la FLAM”, concluyó Salvador.
Con respecto al Protocolo de Seguridad, José Cerqueira Bremer, juez de Curitiba del estado brasileño de Paraná, explicó las acciones que se establecieron debido a las diversas situaciones de riesgo, durante una charla ante un auditorio colmado de jueces y juezas provinciales y federales, funcionarios, secretarios, abogados, miembros de los poderes ejecutivo y legislativo de la provincia, los representantes de los empleados del poder judicial, entre otros.
Según explicó Cerqueira Bremer, cuando se activa el protocolo de seguridad, la primera medida que se toma es sacar al juez del lugar donde trabaja; la llamada Casa Militar del Tribunal, que hace la custodia de los edificios, debe avisar a la policía para realizar una escolta del magistrado y sus familiares, que en caso de ser necesario deberán usar chalecos antibalas.
El caso más emblemático de protección fue el que se diseñó para Sergio Moro, el juez federal de Curitiba a cargo de la causa de corrupción conocida como Lava Jato.
La policía también deberá custodiar su domicilio y, si la situación es de alto riesgo, el magistrado y sus familiares deberán trasladarse en autos blindados. A la par, un equipo de inteligencia de la policía deberá requerir una orden judicial para investigar el caso a través de escuchas telefónicas y de monitoreos permanentes.
El manual se basa en tres pilares: Inteligencia, Contrainteligencia y un Comité Permanente de Seguridad. Éste analiza casos en particular y podrá establecer políticas para proteger magistrados y su familia en situación de riesgo, decidir sobre los pedidos de protección personal de jueces, y sugerir aplicaciones de medidas a lo que en Santa Fe sería la Corte Suprema provincial.
El área de Inteligencia requerirá orden judicial para la realización de investigación (interceptación telefónica, búsqueda y aprehensión, detención de los sospechosos, etc.).
Párrafo aparte merece la seguridad de los edificios donde funcionan los poderes judiciales. A la clásica vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad se le agrega sistemas de detector de metales, cámaras de seguridad y en casos de necesidad, alarmas, detectores de movimiento y cambios de temperatura, entre otros.
Al finalizar la visita de dos días por la ciudad de Rosario, el compromiso subyacente fue seguir trabajando en conjunto para que el protocolo de seguridad sea una realidad en cada jurisdicción de la Argentina.
